El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió este jueves salir del país a la junta para el control de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus empresas filiales designada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se proclamó en enero como presidente encargado del país. (Bulgaria ‘seca’ al chavismo: Bloquea transferencias millonarias de PDVSA)
La Sala Constitucional del TSJ, a través de un comunicado leído en la televisión estatal VTV, declaró la prohibición de salida, de gravar bienes e inmuebles y el bloqueo de cuentas de los directivos de PDVSA, de PDV Holding Inc y de Citgo Holding Inc, nombrados el miércoles por Guaidó tras la autorización del Parlamento, de mayoría opositora. (Equipo de Guaidó tendrá un fondo en EEUU para recibir ingresos de Pdvsa)
Asimismo, decretó «nulo de absoluta nulidad» el acuerdo del Legislativo -que se encuentra declarado en desacato por el Supremo al incumplir varias sentencias-, y exhortó a la Sala de Casación Penal a iniciar los trámites para el traslado al territorio nacional de los ciudadanos a razón de que pueden estar fuera del país.
Las medidas decretadas este jueves por el Supremo se dan contra Simón Antúnez, Gustavo J. Velásquez, David Smolansky, Carlos José Balza y Ricardo Alfredo Prada.
Todos ellos son los miembros de la junta directiva de Pdvsa, que fueron nombrados por Guaidó.
También afectan a Luisa Palacios, quien fue nombrada como líder de la directiva de PDV Holding Inc., compañía que ejerce como propietaria de Citgo, y a Édgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolera y Andrés Padilla.
Asimismo, Ángel Olmeta, Oswaldo Núñez, Javier Troconis y Rick Esser, nombrados para Citgo Holding Inc., enfrentan las mismas medidas cautelares.
«Quienes aparecen allí mencionados incurren en delitos de usurpación de funciones y otros delitos de acción pública consagrados en el ordenamiento jurídico relativos a la corrupción, delincuencia organizada y terrorismo, entre otros», reza el comunicado.
La máxima corte indicó además que el acuerdo del Parlamento constituye una «flagrante violación al texto constitucional y al sistema socioeconómico de la república» y que «constituye otro asalto al estado de derecho».
Por último, instó al poder Ejecutivo nacional y a PDVSA a «tomar las medidas necesarias para la protección de la actividad petrolera y su comercio».