Unicef calcula que 1,1 millones de niños necesitarán protección y acceso a servicios básicos en 2019 en América Latina y el Caribe debido a la crisis migratoria en Venezuela, tanto los desarraigados del país, los que regresan y los que están en comunidades de acogida y de tránsito. (Maduro legaliza el crimen de sus paramilitares con «licencias para matar» en Venezuela)
De acuerdo con los datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en la actualidad alrededor de 500.000 niños necesitan asistencia, por lo que hacen un llamado a los Gobiernos de la región para que defiendan los derechos de estos niños, incluidos migrantes y refugiados. (Human Rights Watch exige a la ONU que declare la «emergencia humanitaria compleja» en Venezuela)
Según sus cálculos, 4,9 millones de personas de toda la región (incluido Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago) requerirán de ayuda especial este año a causa de las condiciones políticas y económicas en Venezuela, que están provocando una oleada migratoria.
Esto provoca que los países de tránsito y acogida estén sufriendo una sobrecarga que dificulta la prestación de servicios esenciales como protección, atención sanitaria y educación.
De acuerdo con el organismo para la infancia, los niños desarraigados y sus familias afrontan dificultades añadidas a la hora de regularizar su estatus migratorio, algo que puede afectar a su acceso a protección social, atención sanitaria, desarrollo infantil temprano y educación, etcétera.
Por otro lado, la falta de políticas públicas integrales en las comunidades de acogida en materia migratoria pone a los niños en un mayor riesgo de sufrir discriminación, violencia, separación familiar, xenofobia, explotación y abuso, algo por lo que Unicef ha mostrado su especial preocupación.
«Los estándares internacionales de los Derechos Humanos piden a los Estados que permitan la entrada y el registro de los niños como una precondición para llevar a cabo los procesos iniciales de evaluación para su protección», explicó la directora regional de la agencia para América Latina y el Caribe, María Cristina Perceval.
Además, Unicef hizo un llamamiento por valor de 69,5 millones de dólares para abordar las necesidades de estos infantes, con los que busca trabajar con Gobiernos locales y nacionales, comunidades de acogida y los aliados para garantizar el acceso a agua potable, saneamiento, protección, educación y servicios sanitarios.
Unicef se encuentra en trabajos con los Gobiernos de países de tránsito para asegurar su adhesión a los estándares internacionales en los procesos oficiales de migración: proteger a los niños, no devolución, no separación de las familias y su reunificación, no detención de los niños y familias, etc.