Han transcurrido exactamente 90 días, desde que el 10 de enero, por mandato expreso del artículo 233 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, el Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, debió asumir la Presidencia de la República, en condición de Presidente encargado, por el vacío legal que se produjo al no existir un presidente legítimamente electo para ocupar tal cargo. (William Cárdenas: El mundo rural dio el paso al frente)
Pero ocurrió que el mismo 10 de enero, el Sr. Nicolás Maduro Moros, el Presidente que debió cesar en el cargo, cometió el delito de usurpar estas funciones y mantenerse como Presidente ilegítimo, pero en funciones, de la Primera Magistratura. ( William Cárdenas: El ataque a la ayuda humanitaria es un crimen de guerra)
La usurpación, está definida por la Real Academia de la Lengua Española como: «Apropiarse injustamente del cargo, el título o la identidad de otra persona», y ha sido sancionada por la misma Constitución en su artículo 138, de la siguiente manera: Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.
Lo cierto es que a partir de aquel momento, el «usurpador» ha obstruido toda posibilidad de que Juan Guaidó de cumplimiento a lo ordenado por la Constitución, impidiéndole cumplir su mandato, que no es otro que celebrar unas nuevas elecciones generales, mediante un proceso universal directo y secreto, para elegir al nuevo Presidente.
Por tal motivo, desde entonces el lapso para cumplir tal cometido no ha comenzado y no comenzará en tanto no cese la usurpación. De allí que quienes estén interpretando que a Guaidó se le ha pasado el tiempo para hacerlo, no han terminado de entender correctamente el proceso en que nos encontramos. En la resolución de la crisis institucional el tiempo se paralizó con la usurpación, y sólo cuando ésta cese volverán a correr los plazos establecidos en la Constitución.
En estos noventa días lo que sí ha ocurrido es la continuidad de la actuación represiva del régimen, que suma más de 50 nuevos asesinados, miles de heridos, cientos de detenidos y decenas de torturados; la obstrucción a la entrada de la ayuda humanitaria con el ataque al convoy que la transportaba, prueba más que fehaciente del delito de exterminio contra nuestra población; y la demostración de su más absoluta ineficacia, con la crisis energética que ha dejado al país sin luz ni agua durante miles de horas.
Pero igualmente, durante estos 90 días lo que sí ha ocurrido es que el país se ha puesto nuevamente de pie en contra de la dictadura, para colocarse detrás de un líder joven, valiente, perteneciente a una nueva generación que lucha por salvar la patria y recuperar la democracia y la libertad perdidas.
Una vez que cese la usurpación, volverán a ponerse en marcha las agujas del reloj, pero tendremos que entender que el llamado a elecciones no se podrá realizar de manera inmediata, entre otras cosas porque no existen instituciones electorales que garanticen y permitan la celebración de elecciones válidas, mediante un proceso transparente y seguro.
Será de sana lógica entender que el Presidente encargado deberá realizar un trabajo previo, bien actuando como único representante del Poder Ejecutivo, o bien arropado por una Junta de Gobierno de transición, que deberá ser designada por la legítima Asamblea Nacional, para poder restablecer la institucionalidad y conducirnos hacia un puerto seguro, que evite que este esfuerzo y sacrificio ciudadano naufrague o encalle.
La Comunidad Internacional, que nos ha acompañado en esta lucha, deberá igualmente mantener su apoyo constante, para garantizar la construcción de nuestro nuevo porvenir, y si en ese camino es necesaria su intervención, la misma estará más que justificada en manera legal y legítima, para solucionar la gravísima situación por la que atraviesa un pueblo que se muere de hambre, o por falta de medicinas, sin agua ni luz, y sometido a la violación de sus derechos humanos mediante el ataque sistemático y generalizado contra una parte de su población.
Otro tanto corresponde a la oposición política, es el momento de estar más unidos que nunca, sin fisuras basadas en apetencias o intereses personales, que pueden esperar. Es el momento de abandonar las actitudes cainitas y mezquinas, pues todo hay que decirlo, en la oposición venezolana hay quienes han hecho de la «usurpación», con sus envidias, miserias y odios, un modo de vida.
No hay que desesperarse, es el régimen el que hace aguas por todas partes, como consecuencia de esta estrategia de acoso y derribo; es cuestión de saber esperar el mejor momento para asestar la estocada final, será entonces el momento en el que el artículo 233 de la Constitución Nacional adquirirá plena vigencia, y el mundo entero celebrará que habremos reencontrado el camino a la libertad, la democracia, la paz y la justicia, actuando dentro de los márgenes de la legalidad.
William Cárdenas Rubio
Abogado y Diplomático.