Belkis Abreu, como miles de venezolanos, tenía un gran anhelo: Encontrar una oportunidad laboral en el extranjero que le permitiese ayudar financieramente a sus familiares. Un sueño que se convirtió rápidamente en una pesadilla cuando confío el futuro de su vida en manos de Glorimar Soto, la jueza que trabajó en el Tribunal Tercero de Primera instancia Civil y Mercantil en Zulia (Venezuela) y que la mantuvo durante un mes y medio «secuestrada» en su vivienda en la calle Pinar, dentro del conjunto de urbanizaciones Somosaguas, situado en el municipio de Pozuelo de Alarcón (Comunidad de Madrid). ( Allanan las casas del testaferro del líder chavista Tareck El Aissami en Punta Cana)
Abreu y la jueza «amiga muy cercana del gobernador chavista del Zulia, Omar Prieto» se conocieron por casualidad en una pastelería. La primera era una de las empleadas, mientras que Soto era una cliente habitual. Ambas llegaron a trabajar espontáneamente juntas en Venezuela en el instante que la jueza decidió abrir su propia pastelería. Una relación laboral que, a pesar de que no fue muy larga, fue suficiente para que Soto considerase traerse a Abreu a España para trabajar de interna en su casa. ( El camarero del 15M denunciará al «macarra» Willy Toledo por amenazarle con «reventarle la cabeza» )
El acuerdo se consolidó en enero de 2019. Sin embargo, todo empezó con el pie izquierdo. La joven tuvo que entregar el pasaporte venezolano a la hermana de la jueza, con quien iba a realizar el viaje desde Venezuela hasta Madrid. «A lo largo de los controles de seguridad, ella me dejaba mostrar el pasaporte y luego lo volvía a guardar dentro de su bolso. Yo no lo entendí, pero tampoco pensé que se trataba de algo en mi contra», asegura a Periodista Digital América la venezolana que fue «secuestrada».
Una vez en la vivienda en Madrid, la jueza le hospedó en una habitación junto al garaje y le dijo que «sólo ganaría unos 40 euros. Me dijo que no me faltaría de nada, así que mandaría ese dinero a mi familia en Venezuela». En otras palabras, trabajaría sin recibir directamente un salario. «En mi casa recibieron unos 300.000 bolívares [unos 46 euros en el mercado negro debido al cambio monetario que existe en el país latinoamericano], mientras que a mí sólo me dieron un teléfono sin acceso a internet y sin saldo, con el único objetivo de que pudiera recibir llamadas», afirma Abreu.
La joven venezolana no tenía llaves de la vivienda, por lo que se quedaba «encerrada con llave» cuando la jueza y el resto de su familia se encontraban fuera de la propiedad. «Como no tenía documentación ni dinero, sólo me atrevía a salir hasta la esquina de la calle, pero ahí ya comenzaban a llamarme y tenía que devolverme», puntualiza la venezolana que en ningún momento fue empadronada.
A pesar de que la remuneración era mísera, la carga laboral era alta. «Tenía que atender a 9 personas, incluido su esposo, los hijos de su primer matrimonio y hasta a una amiga de ella que vive ahí», apunta. A lo que se suma que «todas las semanas hacían reuniones y eventos en la vivienda, por lo que tenía que cocinar para todos ellos, terminaba acostándome sobre la una de la mañana y despertándome a las 6 de la mañana para atender a los niños», matiza.
Sufrimiento y rescate
Belkis Abreu se encontraba prácticamente incomunicada. Por ejemplo, durante el Día de la Madre sólo pudo conversar con sus familiares a través del teléfono de la propia jueza. «Yo sólo podía hacer llamadas perdidas a una familiar que tengo a cinco horas de Madrid para conversar con ella muy escasamente. Fue ella quien llamó a otras personas y organizaron mi salida de la vivienda», aclara. Una situación de la que ella fue totalmente ajena hasta que Soto le entregó «violentamente el pasaporte y me arrancó de las manos el teléfono móvil. Me dijo que no me quería volver a ver más nunca y yo ahora tengo miedo de que algo les pueda pasar a mis familiares en Venezuela», sentencia.
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El proceso de «liberación» de Belkis Abreu lo lideró Alberto Casilla, el camarero que se enfrentó a Pablo Iglesias. A través de sus redes sociales se pudo ver cómo acudieron hasta la vivienda para solicitar que soltasen a la joven venezolana, así como que llamaría a la policía si impedían su salida. Finalmente, se le podía ver fuera de la propiedad con todas sus pertenencias en una bolsa de basura. «Yo había escondido en bolso entre las papeleras de la basura con toda mi documentación de Venezuela, ya que temía que también me la quitasen o rompiesen. En especial cuando les comenté un día que me quería ir y me dijeron que tenía que trabajar hasta, por lo menos, pagar los 800 euros que costaba el pasaje de mi sustituta», apunta.
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Justamente después de su liberación, Abreu acudió a la policía para realizar la denuncia por «trata de personas». Ahora, a la espera de que la justicia cumpla con su parte, da los primeros pasos de una difícil nueva etapa: Enfrentar una adaptación de golpe a España, sin contar con la documentación al día, ni con recursos económicos que le garanticen un techo y comida. Por eso, casi rompe en llanto cuando tiene que pedir ayuda a todas las personas que estén en capacidad de ofrecerle hospedaje o una oportunidad laboral.
