Dictadura en Venezuela

La dictadura de Maduro: Una empresa criminal conformada por 183 personas y 26 países, incluida España

La dictadura de Maduro: Una empresa criminal conformada por 183 personas y 26 países, incluida España
José Luis Rodríguez Zapatero; Nicolás Maduro; Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

España aparece como uno de los países que ayudan a mantener la dictadura de Nicolás Maduro en pie. Así lo indica Douglas Farah, presidente de IBI Consultores e investigador visitante de la Universidad de Defensa Nacional en Estados Unidos, quien presentó el estudio «La última resistencia de Maduro: la supervivencia de Venezuela mediante la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana». Dicho estudio fue producto de una investigación de 5 años en 11 países. (Muere Venezuela: cada segundo que gana Maduro lo pierde Guaidó y se cuenta en vidas de venezolanos)

En este trabajo de investigación, Douglas Farah y Caitlyn Yates (coautora) identificaron que la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana tiene vínculos con 183 personas y 205 empresas que operan en al menos 26 países. Asimismo, determinaron que el Estado venezolano «apoya la delincuencia organizada transnacional como un instrumento de la política estatal», desde el tiempo de Hugo Chávez hasta nuestros días. (El narcogeneral chavista Hugo Carvajal confiesa quién está detrás de los fraudes electorales en Venezuela)

Además, indican que «la ECCB es una estructura única, construida con la participación directa del Estado que actúa de forma criminal y opera a través de múltiples esferas económicas y jurisdicciones policiales».

Las actividades ilícitas de la ECCB cuentan con «el apoyo de un conjunto de Estados criminalizados y actores no estatales que trabajan coordinadamente con objetivos compartidos».

Los eventos que facilitaron el surgimiento de la ECCB fueron: las organizaciones guerrilleras centroamericanas (FMLN y FSLN) producto de la tesis cubana de la internacionalización de la guerra revolucionaria en Latinoamérica -guerra asimétrica- de los años sesenta del siglo pasado; la incursión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el negocio de la cocaína -negocio del narcotráfico- desde mediados de 1980, y la toma del poder por la vía electoral de Hugo Chávez en Venezuela a finales de 1990 -socialismo del siglo XXI, Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. Es una nueva «arquitectura revolucionaria» para enfrentar al «enemigo» eterno de Cuba, Estados Unidos (combatir el imperialismo).

De acuerdo con la investigación, el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez era quien dirigía las operaciones de la red global «en conjunto con líderes políticos aliados, élites económicas y organizaciones criminales». Entre ellos, los dirigentes de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Surinam y El Salvador. Y después de la muerte de Chávez en 2013, el régimen de Nicolás Maduro asumió la dirección.

Esta arquitectura representada en la ECCB tiene una configuración de red de redes transnacional criminal que usa empresas de maletín o fantasmas con estructuras financieras en paraísos fiscales y aliados internacionales. Las operaciones van desde la corrupción, el lavado de dinero, el tráfico de drogas y el contrabando de oro.

El informe también detalla que el ECCB trabaja en al menos cinco operaciones financieras: ventas y préstamos de petróleo falsos, compras de activos físicos, megaproyectos ficticios de infraestructura pública, minería de oro ilegal y transferencias bancarias.


La gran empresa del Estado venezolano detrás de la ECCB es la estatal petrolera Pdvsa, utilizada para el lavado de dinero y la corrupción en la región, de la misma manera que lo hizo la empresa brasileña Odebrecht. La red financiera internacional y el negocio global de Pdvsa han permitido enmascarar estas operaciones ilícitas. Una de las formas fue a través de la venta falsa de petróleo a sus filiales en El Salvador, Alba Petróleos, y en Nicaragua, Albanisa.

En el caso de Alba Petróleos, la empresa reportó millonarias ventas pero «casi no recibió petróleo de Pdvsa entre 2007-2017», aunque registró ingresos de 200 millones de dólares anuales. En 2007, Alba Petróleos anunció la construcción de una refinería para procesar su propia gasolina que no llegó a operar. Estas operaciones permitieron lavar fondos por 1,1 mil millones de dólares mediante el uso de 8 empresas panameñas que fueron a parar a paraísos fiscales en el Caribe y Europa, como Islas Vírgenes, Isla Caimán, Belice, Suiza y Rusia. El gran operador por parte del Estado salvadoreño fue José Luis Merino, viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo del Gobierno del FMLN y ex comandante guerrillero.

Albanisa, la subsidiaria de Pdvsa en Nicaragua (Daniel Ortega-FSLN), ha utilizado métodos similares para crear compañías de fachada y lavar los fondos venezolanos de la corrupción y actividades del narcotráfico (entre 4.000 millones y 6.000 millones de dólares en fondos ilícitos durante la última década).

La investigación da cuenta de que la red de redes de empresas de maletín movió en las operaciones de El Salvador y Nicaragua «por lo menos 10.000 millones de dólares en capitales vinculados a Venezuela» entre 2007 y 2018. Mientras que un consorcio de periodistas latinoamericanos estableció que Pdvsa desvió un total de 43.000 millones de dólares durante el mismo período.

La firma Inter American Trends determinó que la producción de petróleo de Venezuela viene presentando una diferencia entre las cifras reportadas por la OPEP, entre las fuentes secundarias y el Ministerio de Petróleo, que inducen a ratificar el patrón de las «ventas falsas de crudo» observado en la investigación de IBI Consultants. Una discrepancia que se ve desde 2011, cuando Rafael Ramírez era presidente de Pdvsa y acataba las órdenes de Hugo Chávez, jefe de la ECCB.Por esta sobreproducción de petróleo, Pdvsa registró en sus libros contables ventas acumuladas por encima de la real en 72.000 millones de dólares para el período 2011-2018. Un monto que habría formado parte del esquema usado por la ECCB.

El estudio de Farah y Yates revela, también, que la ECCB realiza operaciones de tráfico de cocaína y producción ilícita de oro, observándose un incremento de estas actividades ante la caída sostenida de la producción de petróleo desde 2015.

Por lo tanto, los gobiernos democráticos del mundo que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela deben tener firmeza y valor para enfrentar, a través del sistema de justicia y las agencias de control de drogas, lavado de capitales, lucha contra el terrorismo y crimen organizado, la amenaza que representa la ECCB de Nicolás Maduro y su régimen para las democracias liberales y la estabilidad de todo el hemisferio occidental.

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