La dura crisis que padece Venezuela no escuentra un camino claro que avisore una solución inmediata, entre las críticas a la opción militar y las nauceas de los venezolanos ante las opciones de diálogo, hay una opción a la cual la comunidad internacional podría acudir para sacar del poder al dictador Nicolás Maduro.(Mike Pompeo (EEUU) y su decepción con Venezuela: Mantener unida a la oposición “ha sido diabolicamente difícil”)
Asi lo ha descrito Fernando Cutz para The New York Times.
.- Hace solo unos cuantos meses, los venezolanos tenían una esperanza renovada: por un nuevo presidente, por la tan necesitada asistencia humanitaria, por una democracia que se restauraría en su país.
Sin embargo, con el fracaso en abril de un levantamiento encabezado por el líder de la oposición, Juan Guaidó, 2019 se ha convertido en un año frustrante para el pueblo de Venezuela. En las últimas semanas, una vez más llenaron las calles para exigir libertad y democracia. Y, no obstante, Nicolás Maduro sigue aferrado a su reclamo ilegítimo del poder.
El gobierno de Estados Unidos y una coalición integrada por los países vecinos de Venezuela han hecho bien en elevar los costos de que Maduro y sus secuaces sigan en el poder con las mismas prácticas de siempre. Sin embargo, esas sanciones económicas quizás ya alcanzaron su límite. Los miembros de la coalición deberían aumentar la presión sobre el régimen al abrir procesos penales relacionados con la corrupción de Maduro en sus propios tribunales.
Maduro y su círculo cercano están acusados de ocultar dinero robado del gobierno venezolano en cuentas bancarias personales en todo el mundo; de beneficiarse del tráfico de drogas; de involucrarse en actividades ilícitas de minería, y de cometer violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura y asesinatos.
Estos delitos han tenido consecuencias de largo alcance. Sin embargo, se han dado a conocer muy pocos procesamientos contra Maduro o sus secuaces. En 2017, Tareck El Aissami, quien entonces era vicepresidente de Maduro, fue acusado a través de la ley federal contra narcotraficantes y sus bienes fueron congelados en Estados Unidos y en otros lugares. Pero seguramente El Aissami no es el único que merece un ajuste de cuentas judicial.
Existen precedentes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos puede centrar sus acciones en áreas que concuerdan con las prioridades de la política exterior del país. En 1988, el Departamento de Justicia estadounidense procesó al presidente de Panamá, Manuel Noriega, y a miembros de su círculo cercano cuando las relaciones entre ambos países se estaban deteriorando. Recientemente, el Departamento de Justicia acusó a la directora financiera de Huawei e intentó extraditarla cuando Estados Unidos estaba denunciando las amenazas a la seguridad que representaban la tecnología de Huawei y China.
En Estados Unidos se especula que ya existen acusaciones selladas de miembros del círculo cercano a Maduro y que el Departamento de Justicia está esperando el momento adecuado para presentarlas. El tiempo es propicio para aplicar nuevos cargos penales contra los miembros del régimen de Maduro.
Este mecanismo no solo puede implementarse en Estados Unidos, aunque ese país tiene servicios de inteligencia más sólidos que le permiten tener una mejor idea de quién podría estar cometiendo delitos.
Países como Colombia, a donde han huido muchos venezolanos; Perú, donde los refugiados venezolanos se han vuelto víctimas del contrabando, y Argentina, cuyo sistema de justicia penal tiene una de las definiciones jurídicas más amplias para perseguir «crímenes de lesa humanidad», deberían estar investigando si los colaboradores de Maduro han cometido delitos dentro de sus jurisdicciones.
Algunas personas alegarían que es inútil formular cargos criminales contra miembros del grupo de Maduro. Seguramente no serán extraditados a Estados Unidos ni a ningún otro país. Aunque eso podría ser cierto, estas medidas tienen peso.
En primer lugar, los sistemas judiciales de Estados Unidos y de muchos otros países de América todavía gozan de respeto por ser independientes del poder ejecutivo. Aunque exista el precedente de que el Departamento de Justicia se enfoca en los intereses de la política exterior de Estados Unidos, aún hay una separación importante entre las sanciones —que pueden imponerse al antojo del poder ejecutivo— y los cargos penales, los cuales requieren que se presenten pruebas en un tribunal. Los cargos penales solo se emiten si hay suficientes pruebas para convencer a un tribunal independiente.
En segundo lugar, una vez acusados, Maduro y sus secuaces podrían quedar sujetos a una notificación roja de la Interpol, la cual restringiría enormemente su capacidad de viajar fuera de Venezuela. Tal vez todavía podrían ir a Cuba o a Rusia, pero sus viajes de compras a Madrid, París y Londres ya no serían una opción. Muy pronto descubrirían que todo el dinero almacenado ilegalmente en sus cuentas no es de utilidad si no tienen en donde gastarlo.
En tercer lugar, las pruebas recabadas por los países firmantes del Estatuto de Roma, el tratado internacional con el que se erigió la Corte Penal Internacional, podrían entregarse a la corte para que realizara sus propias investigaciones. Aunque Estados Unidos no es un país miembro de la corte, sí lo son la mayoría de los países latinoamericanos. Incluso ya se abrió una investigación inicial de la corte sobre las denuncias de tortura aplicada por miembros del gobierno de Venezuela después de que seis gobiernos presentaron una solicitud formal.
Recabar pruebas para emitir acusaciones contra otros miembros del círculo cercano de Maduro sería una labor que requeriría muchos recursos. La comunidad de los servicios de inteligencia de Estados Unidos tendría que proporcionar al Departamento de Justicia muchas de las pruebas necesarias contra venezolanos específicos. Los países americanos que son socios de Estados Unidos tendrían que crear equipos de fiscales. Se tendría que dar prioridad a compartir con aliados extranjeros las pruebas de inteligencia que tiene Estados Unidos, probablemente por instrucciones del fiscal general o del presidente.
Mientras el pueblo venezolano sigue mostrando su resiliencia, la comunidad internacional también debe seguir mostrando firmeza. Los sistemas judiciales de América deben arrojar luz sobre la oscuridad cada vez más profunda que es Venezuela y hacer rendir cuentas a los muchos miembros del régimen que se han hecho ricos y poderosos a costa de sus conciudadanos.
Fernando Cutz, socio sénior del Cohen Group e investigador global en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, fue director jefe de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en el gobierno de Donald Trump.
