Cuando el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, le dijo al país que detectaron un nuevo plan para derrocar a Nicolás Maduro, y que la figura principal de eso sería el ex ministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, estaba reeditando la misma versión usada en el 2014 con el Golpe Azul y la Operación Jericó.
Aunque Maduro aseguró, en un acto con el Frente Francisco de Miranda, que Baduel está detenido por corrupción, eso no es cierto. El primer juicio que mantuvo a Baduel en la cárcel fue por la supuesta apropiación indebida de 30 millones de bolívares y 3,9 millones de dólares, dineros de su gestión como ministro de Defensa. Lo sentenciaron a 8 años y estuvo preso desde el año 2009 hasta agosto de 2015, cuando recibió libertad condicional hasta que cumplió la pena judicial.
Pero en el 2017 lo detuvieron en una maniobra judicial y lo acusaron de instigación a la rebelión. Lo han mantenido por largos períodos incomunicado y aislado, o como sucede en este momento, desaparecido.
Baduel fue un oficial que tuvo gran ascendencia y liderazgo en la Fuerza Armada, siendo el más destacado de los titulares castrenses que tuvo Hugo Chávez Frías. La relación entre el alto oficial y el Presidente de la República era muy cercana, los unía una estrecha amistad, pero así mismo se convirtió en una amenaza para Chávez, quien decidió liquidar su liderazgo luego de su salida de la FANB.
Baduel fue enviado a la cárcel, sin consideración alguna, y señalado de traidor. Atrás quedaban los tiempos aquellos en que recibía loas por haber sido el líder que encabezó la operación cívico-militar que restituyó en el poder a Chávez durante el Golpe del 11 de abril de 2002. Estando preso, en febrero del 2018, Nicolás Maduro lo destituyó y lo degradó de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a 13 oficiales más.
Con el caso del Golpe Azul, por el cual fueron enjuiciados varios militares, principalmente de la Aviación, insistieron en involucrar a Baduel. Gran parte de los detenidos en los supuestos casos de conspiración aseguraron que en todos los interrogatorios el nombre de Baduel fue reiterado.
No hay militares
El ministro Jorge Rodríguez dijo que la operación militar constaba de tres comisiones:
1- La «Sucre» encargada de capturar y eliminar a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Freddy Bernal y tomar Miraflores.
2- La comisión «Ulises», que consistía en detener al jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), general Gustavo González López, y prestar seguridad del Parlamento.
3- Y la llamada «Lander», responsable de tomar la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar, actuar contra la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y capturar al ministro Néstor Reverol.
Lo que más llama la atención de la operación y las comisiones de la conspiración es que no aparece por ningún lado la neutralización o ataque de ningún jefe militar o del Alto Mando Militar.
Es decir, a un grupo de militares, policías y políticos se les ocurre montar un Golpe de Estado, que según Rodríguez explica, tiene entre las cuentas asesinar al número uno del poder, Nicolás Maduro, al número dos Diosdado Cabello, al policía que dirige FAES en la frontera Freddy Bernal, además de detener al ministro del Interior y al Jefe del Sebin, pero no consideraron acciones contra los jefes de la institución que tiene el monopolio de las armas de la República. Parece un plan bien inocente.
¿O será que Rodríguez quiere dejar a libre interpretación de quienes lo oyen que en esos planes conspirativos estaba incluido el Alto Mando Militar y que por eso no había ningún plan contra ellos?
Según Rodríguez, en ese plan las figuras claves eran militares y mencionó al general Miguel Sisco Mora, al general Ramón Lozada Saavedra, al vice almirante Huizi Clavier, al general Eduardo José Báez Torrealba, por supuesto al general Raúl Baduel, entre otros oficiales y policías.
Lo que demuestra toda la revelación que hace el Gobierno, en cuanto a que se habría preparado un Golpe de Estado, es que el general Baduel sigue siendo el fantasma que más les preocupa en una conspiración, aún cuando tiene casi 10 años preso y en condiciones de mínimo o ningún contacto con otras personas que no sean sus familiares.
