El Gobierno de Chile informó de que se avisará a los países vecinos del despliegue de sus Fuerzas Armadas en zonas fronterizas con el fin de que ayuden a las policías en el combate al narcotráfico. «El presidente de la República (Sebastián Piñera) nos instruyó que hiciéramos una comunicación con nuestros países limítrofes principalmente para expresar de que las Fuerzas Armadas van a tener un rol de facilitar información y otros a las policías», señaló el canciller Teodoro Ribera.
El jefe de la diplomacia chilena indicó que «(ésta) es una medida que estamos adoptando del punto de vista de la buena vecindad». El presidente Piñera firmó un decreto que establece que las Fuerzas Armadas chilenas podrán colaborar «a partir de ahora» con las instituciones policiales en el combate del narcotráfico, especialmente en las zonas fronterizas.
Sin embargo, el ministro Ribera descartó que aquellos antecedentes -relacionados con el narcotráfico- también se compartan con las naciones vecinas. «Lo que estamos haciendo es comunicarles que las Fuerzas Armadas dentro de su proceso de obtención de información, a través de visiones vigías y otros, esa información que tengan la van a facilitar a las policías chilenas con el fin de ejercer un mayor control y evitar los crímenes transnacionales», aseveró el canciller chileno.
En esta línea, el ministro de Defensa, Alberto Espina, debió salir al paso de algunas críticas por el anuncio presidencial de utilizar las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, descartando que esta colaboración vaya a ir más allá de las fronteras. «Definitivamente no corresponde a las Fuerzas Armadas de Chile participar en el orden público que pueda ocurrir respecto al narcotráfico en villas y poblaciones. Esa es una labor que corresponde a Carabineros e (Policía) Investigaciones», precisó Espina. y agregó: «Nosotros tenemos una labor que es muy importante que es evitar que entre la droga a Chile, porque no se fabrica en Chile, proviene del extranjero».
En este contexto, el presidente Piñera explicó este lunes que el decreto limita las actividades de las Fuerzas Armadas «a lo que se relaciona con el narcotráfico y el crimen organizado» y no a otras tareas que se realizan en el perímetro territorial del país austral.
