EEUU sanciona a tres altos cargos de la dictadura de Nicaragua por «corrupción y fraude»

EEUU sanciona a tres altos cargos de la dictadura de Nicaragua por "corrupción y fraude"
Daniel Ortega PD

Nuevo golpe contra la dictadura de Daniel Ortega. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones económicas contra tres altos cargos del régimen de Nicaragua por su implicación en “abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción”, a la vez que exigió “elecciones pronto y libres” en el país centroamericano.

Los sancionados son Ramón Avellán Medal, subdirector general de la Policía de Nicaragua; Lumberto Campbell Hooker, presidente del Consejo Electoral Supremo; y Roberto López Gómez, director del Instituto de Seguridad Social (INSS). “Estamos apuntando a miembros del régimen del presidente Daniel Ortega que se han implicado en abusos de derechos humanos y corrupción”, afirmó el secretario adjunto del Tesoro, Justin Muzinich, en un comunicado.

Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los afectados en EEUU y prohíbe transacciones financieras con entidades estadounidenses. Previamente, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, había impuesto sanciones al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua, una entidad financiera vinculada a los sandinistas; a Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta del país, y a uno de sus hijos, Laureano Ortega Murillo.

También han sido sancionados el tesorero del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de la petrolera Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), Francisco López; y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.

El exasesor presidencial estadounidense John Bolton ubicó a finales de 2018 a Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, dentro de “la troika de la tiranía” en Latinoamérica. Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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