Nicaragua se está quedando cada vez más sola. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España emitió un comunicado donde afirma que después de más de año y medio desde que estallaran las primeras manifestaciones en Nicaragua y se desencadenara una profunda crisis política, «la situación continúa deteriorándose». En los últimos días, el país está conociendo un recrudecimiento de la represión por parte de las fuerzas policiales y parapoliciales contra familiares de manifestantes presos que reclaman su libertad, así como episodios violentos y asedios tanto a la Iglesia de San Miguel, en la ciudad de Masaya, como a la Catedral Metropolitana de Managua.
Recientemente, «el Gobierno de Nicaragua ha rechazado la visita del Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, que tenía previsto realizar a Managua para mantener contacto con esas autoridades y con distintos actores sociales y políticos en el marco de la actual crisis. La visita se planteó, en todo momento, con un enfoque constructivo y con la voluntad de contribuir a la búsqueda de una solución a la crisis».
El comunicado afirma que «España ha mantenido, históricamente, unas buenas relaciones con Nicaragua. La decisión del Gobierno de rechazar, por tercera vez, una visita de alto nivel, dificulta la mutua interlocución». En este sentido, agrega que «el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe se ha reunido con el Embajador de Nicaragua, Carlos Midence, para trasladarle el malestar del gobierno español. A su vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha llamado a consultas a la Embajadora de España en Nicaragua, para analizar la situación de la relación bilateral con Nicaragua».
«El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación reitera su llamamiento a que cesen los actos represivos contra la población nicaragüense, se restituyan y garanticen los derechos de manifestación, expresión y prensa de conformidad con la constitución nicaragüense y se recupere la negociación política basada en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos», sentencian.
