Desarticulan banda que obligaban a prostituirse a ciudadanas chinas

El «modus operandi» es el de siempre: prometían trabajo en España a extranjeras y una vez que llegaban al país les retienían los pasaportes, las obligaban a prostituirse y las tenían recluidas a cal y canto las 24 horas del día. No había salida posible. En esta ocasión es lo que les ha ocurrido a ciudadanas chinas que creyeron encontrar en España el paraíso y sólo han podido saborear la hiel del infierno.

Tres personas han sido detenidas por la Policía Nacional en una investigación desarrollada en Santa Pola (Alicante) y Málaga por favorecer presuntamente la inmigración irregular de ciudadanas chinas, a las que impedían salir a la calle y obligaban a ejercer la prostitución.

Los arrestados, cuya identidad no ha sido precisada, retiraban los pasaportes a las víctimas y no les permitían abandonar el piso en ningún momento, según ha informado hoy la Policía.

Los beneficios obtenidos eran ingresados en cuentas a nombre de las víctimas, y al día siguiente, la mitad de éstos se transfería a una entidad bancaria de China.
El grupo captaba a las mujeres mediante ofertas de trabajo en una página web y ofrecía los posteriores servicios sexuales a través de anuncios en prensa.
Las ofertas laborales se «transformaban» en explotación sexual y detenciones ilegales dentro de las viviendas, en las que obligaban a las víctimas a permanecer las 24 horas del día.

Las investigaciones se iniciaron en Málaga el pasado marzo a raíz de informaciones que apuntaban a la existencia de una red que estaría obligando a ejercer la prostitución a mujeres chinas, y condujeron a los agentes hasta la localidad alicantina de Santa Pola, donde fue localizada la residencia de los responsables de la organización.

Según la Policía, el «gran trasiego» de clientes contrastaba con las escasas salidas al exterior de integrantes del grupo, pues sólo uno de ellos abandonaba las viviendas, fundamentalmente para hacer ingresos en entidades bancarias, los cuales oscilaban entre los 120 y los 600 euros diarios, y superarían los 60.000 euros en dos años.

En el registro domiciliario se intervinieron 1.610 euros en efectivo, así como documentación bancaria, tres ordenadores portátiles y diez teléfonos móviles.