El español que ordenó el crimen se llama Miguel Arufe, un tarraconense de 40 años apodado Antonio, dueño de varios burdeles
Letícia Peres Mourão temía por su vida. Tenía 31 años y llevaba largo tiempo ejerciendo la prostitución en España para costearse la vida.
Regresó a Brasil en diciembre de 2008 para reencontrarse con su hijo de 12 años y alejarse un tiempo de un país en el que decía recibir amenazas constantes por haber denunciado a un proxeneta español.
«Si algún día me pasa algo, ocúpate de mi hijo como si fueras su madre», le dijo a la esposa de su ex marido. Tres meses después recibió un tiro en la cabeza.
La mujer había trabajado en un burdel de Tarragona en el que las meretrices eran obligadas a hacer hasta 40 servicios sexuales al día y apenas podían salir del piso en el que se prostituían.
Sólo aguantó 10 días este régimen, y denunció al dueño del piso. Éste, según la fiscalía de Tarragona, controla una red con varios locales y está acusado de siete delitos de proxenetismo por los que la justicia pide 28 años de cárcel.
Leticia fue asesinada el pasado 6 de marzo en Brasilia por un matón a sueldo llamado Lúcio Flávio Barbosa, un chico de 20 años que vivía en una favela de Guaraparí, a 1.300 kilómetros de la capital.
Cuentan Ferran Balsells, Francho Barón y Monica Belaza en El País -«Asesinato a sueldo de una testigo de cargo«- que Barbosa fue al encuentro de la mujer con 900 reales en el bolsillo (unos 345 euros) y un revólver del calibre 38.
Una vez allí, el pistolero se puso en contacto con la mujer mediante mensajes de teléfono móvil; le dijo que era muy guapa y que quería proponerle un negocio. Ella aceptó reunirse con él.
Se vieron en un bar. Tomaron tres cervezas y él le ofreció un masaje en los hombros. Se colocó detrás de ella y le descerrajó un tiro en la nuca.
Barbosa fue detenido por la policía cuatro meses después. Confesó y puso nombre a las personas que le habían encargado el asesinato. No le habían pagado el trabajo ye staba resentido.
Habló de Clénio Otacílio da Silva, un intermediario de su misma región que le había encargado el trabajo y prometido 4.000 reales (unos 1.500 euros); y de un español que la quería muerta y que era quien iba a pagar por el crimen.
Con estos datos en la mano, más las investigaciones que se llevaron a cabo después de la muerte de Letícia, la policía y la fiscalía brasileña dieron con un nombre que encajaba con todos los datos proporcionados por el sicario: Miguel Arufe, un tarraconense de 40 años apodado Antonio, dueño de varios burdeles.
Ha sido denunciado por siete mujeres por las condiciones que impone a las prostitutas. La primera en hacerlo fue Letícia Peres.
El juicio aún no se ha celebrado. El acusado está en libertad y sigue abriendo prostíbulos.
