Dos décadas después del asesinato del entonces candidato presidencial de Alianza Democrática M-19 (ADM-19) el desmovilizado líder guerrillero Carlos Pizarro, siguen hoy sin esclarecerse las sombras e interrogantes sobre la supuesta implicación de agentes de la inteligencia colombiana en el crimen.
Siete minutos después de que el vuelo 0532 de Avianca despegara el 26 de abril de 1990 desde Bogotá, destino a Barranquilla (norte), quince disparos de ametralladora acabaron con la vida del entonces aspirante presidencial y ex jefe del desarticulado Movimiento 19 de Abril (M-19).
Pese a estar acompañado de escoltas, propios y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central de inteligencia), estos supuestamente no pudieron evitar que un sicario le ametrallara en pleno vuelo, cuando se dirigía a esa ciudad costera para llevar a cabo varias actividades proselitistas como candidato.
Su muerte se unió a la de los también candidatos Luis Carlos Galán (liberal), en agosto de 1989, y Bernardo Jaramillo Ossa (Unión Patriótica, izquierda), en marzo de 1990, cerrando una funesta tríada de crímenes que otorgó a esa campaña presidencial el triste honor de ser la más violenta de la historia de Colombia.
No obstante, algunos interrogantes sobre el suceso empezaron a desvelarse en 2001, cuando el jefe paramilitar Carlos Castaño reconoció en su libro «Mi confesión» ser quien ordenó el crimen y entrenó al sicario Gerardo Gutiérrez Uribe, abatido de un tiro en la frente por uno de los guardaespaldas del DAS tras el ataque.
Magnicidios cuyo denominador común fueron las críticas a las escasas medidas de seguridad para proteger a los entonces candidatos presidenciales y que estaban a cargo del DAS, en esa época bajo la dirección del general Miguel Maza Márquez, actualmente vinculado a la investigación pero en libertad provisional.
Asimismo, el atentado mortal contra Pizarro salpicó también al entonces jefe de inteligencia del DAS, Alberto Romero, y al detective Jaime Ernesto Gómez Muñoz, después de que la Procuraduría (encargada de controlar el desempeño de los funcionarios públicos) pidiera en enero de este año a la Fiscalía investigarles por su presunta responsabilidad en los hechos.
El pasado 21 de abril, la Fiscalía declaró el asesinato de Pizarro como crimen de lesa humanidad, al considerar que formó parte de una persecución de un grupo político en su totalidad, y así evitó que prescribiera.
«El de Pizarro hizo parte de un plan ejecutado con conocimiento y de forma sistemática en contra de dirigentes de izquierda por grupos de autodefensas» o paramilitares, explicó el fiscal encargado del caso, Gustavo Reyes, publicó hoy el diario El Colombiano, de la ciudad de Medellín.
Y es que la Procuraduría colombiana dispone de nuevas pruebas, documentos y testimonios que podrían demostrar la participación de ex funcionarios del DAS en el crimen de Pizarro, especialmente Romero y Muñoz, este último autor del disparo que acabó con la vida de Gutiérrez Uribe cuando éste estaba ya reducido y se había rendido ante los escoltas de Pizarro.
Nuevas evidencias que podrían contradecir la investigación interna del DAS, que se cerró cuatro meses después del crimen sin que se encontraran fallos ni en la seguridad del candidato ni en la muerte del sicario por parte de los escoltas.
En declaraciones a Caracol Televisión en un homenaje a su hermano, Eduardo Pizarro consideró hoy que la declaración de lesa humanidad «es ambivalente, al ser el reconocimiento de un fracaso, veinte años después de los crímenes de Galán, Jaramillo y Pizarro con toda la impunidad».
Sombras que ahora la Justicia, tras ignorar el caso durante años, tiene la oportunidad de resolver y, cómo exclamó Carlos Pizarro en su último discurso en 1990: pese haber «tropezado una y otra vez con la paz (…), veinte años después, avanzamos por ella».
