Luis Freddy Lala Pomavilla, un ciudadano ecuatoriano que ha sido el único superviviente a la matanza de 72 personas en el estado de Tamaulipas, en el noreste de México, pagó 11.000 dólares (8.630 euros) a una presunta mafia de tráfico de inmigrantes para cruzar la frontera hacia Estados Unidos, informaron sus familiares.
Lala Pomavilla abandonó hace un mes Ecuador, poco después de cumplir los 18 años, tras residir toda su vida en un pueblo rural de la provincia de Cañar (sur). Su intención era ver a sus padres en Estados Unidos y trabajar para enviar dinero a su esposa, Angelita Lala, de 17 años, embarazada de cuatro meses.
Los 11.000 dólares se los entregó a un «coyotero» de la localidad de Cuenca, en la provincia ecuatoriana de Azuay, que se encargó de organizar el viaje. A Luis Freddy le acompañaron jóvenes de otras ciudades de Ecuador como Sígsig, en Azuay; y Chontamarca, en Cañar; de quienes aún se desconoce su paradero.
«Hace una semana me llamó para decir que estaba bien y que llegó a Guatemala y que iba a seguir viajando», dijo Angelita Lala en declaraciones citadas por el diario local ‘El Universal’.
Lala Pomavilla formaba parte del grupo de indocumentados que viajaban en un camión con destino a Estados Unidos, entre el pasado sábado y domingo, que fue interceptado en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas, por presuntos miembros de la banda criminal ‘Los Zetas’.
Varios vehículos interceptaron a los indocumentados que se vieron forzados a bajar del camión, según relató el único testigo. Todos los pasajeros, entre ellos menores de edad, fueron colocados en una pared y fusilados con armas de alto poder. Posteriormente, los homicidas remataron a cada una de las víctimas con un tiro de gracia.
La masacre dejó un total de 72 fallecidos: 58 hombres y 14 mujeres. El joven ecuatoriano –que recibió un disparo en el cuello que le salió por la mandíbula– logró salvarse porque despistó a los asesinos haciéndose el muerto.
Una vez que los criminales abandonaron el rancho donde dejaron los cuerpos, Lala Pomavilla pudo salir del lugar y caminar 22 kilómetros hasta llegar al punto donde estaban los oficiales de la Armada de México, a quienes contó lo ocurrido, aunque en un principio no dieron crédito a lo que decía.
No fue sino hasta el martes por la mañana cuando un nutrido grupo de infantes de Marina llegó al rancho donde estaban los 72 cuerpos de los indocumentados maniatados y con los ojos vendados. Un grupo de 70 oficiales se trasladó al lugar para brindar apoyo, pero en el trayecto se produjo un enfrentamiento en el murieron un marino y tres presuntos delincuentes. Un menor originario del estado de Veracruz (sur) fue detenido, sospechoso de haber participado en la masacre.
Ninguna de las víctimas ha sido identificada, pero el único superviviente de la tragedia aseguró que entre los inmigrantes sin papeles habían ciudadanos provenientes de El Salvador, Costa Rica, Brasil y Honduras, que también habrían pagado a las mafias para cruzar la frontera con destino a Estados Unidos.
Las autoridades mexicanas no descartan que con esta masacre el crimen organizado esté enviando un mensaje a los inmigrantes para que no se abstengan a trabajar para ellos y facilitar así el reclutamiento de personas.
«Las instituciones mexicanas han golpeado las estructuras operativas de los criminales, así como sus ingresos económicos y por ello recurren a la extorsión y al secuestro de migrantes, así como al reclutamiento de éstos para obligarlos a formar parte de sus grupos de sicarios», afirmó este miércoles el portavoz de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré.
CONDENAS
El presidente de México, Felipe Calderón, expresó este miércoles su «indignación y condena» por el hallazgo de 72 cadáveres que podrían pertenecer a inmigrantes latinoamericanos en un rancho del estado de Taumalipas (noreste).
«Con mis más profundas condolencias, hago mías las expresiones de indignación y condena hechas por el vocero federal (Alejandro Poiré) en el caso Tamaulipas», afirmó Calderón en su cuenta de la red social Twitter.
El mandatario se confesó «triste e indignado por la cobardía de los criminales. Hay que combatirlos con todo hasta terminar con esas bandas».
Por su parte, la sección mexicana de la ONG Amnistía Internacional (AI), sostuvo que la respuesta del Gobierno a este hecho se convertirá en el «emblema» de la capacidad o incapacidad de México para proteger a los extranjeros en su territorio.
El presidente ejecutivo de AI México, Alberto Herrera, sostuvo que los inmigrantes en México «enfrentan toda clase de abusos, secuestros, amenazas, violencia sexual y asesinatos. Principalmente cometen estos actos delincuentes, pero en ocasiones hay participación de funcionarios».
«Las explicaciones brindadas por el Instituto Nacional de Migración no alcanzan para la realidad escandalosa que se está viviendo en los estados donde cruzan los migrantes», afirmó Herrera.