"Cada día hay muchachas nicaragüenses que sufren en silencio los horrores de la violencia sexual para no exponerse al rechazo de que son objeto muchas cuando los denuncian", afirma AI
Amnistía Internacional instó ayer a las autoridades de Nicaragua a poner fin a las violaciones y abusos sexuales de menores de edad en ese país, que denuncia en un nuevo informe. El informe, parte de la campaña «Pedid Dignidad» de esa ONG de derechos humanos, critica al Estado nicaragüense por no ayudar suficientemente a quienes sufren esos abusos a reconstruir sus vidas.
«Cada día hay muchachas nicaragüenses que sufren en silencio los horrores de la violencia sexual para no exponerse al rechazo de que son objeto muchas cuando los denuncian», afirma Esther Major, especialista en América Central de AI.
«Es ya hora de que las autoridades den prueba del mismo valor que las valerosas supervivientes (de esos abusos) que nos han ofrecido sus testimonios y que pongan fin al silencio en torno a los abusos sexuales», agrega Major, citada en un comunicado de la ONG.
Según estadísticas de la propia policía, entre 1998 y 2008 se registraron oficialmente más de 14.000 casos de ese tipo, y dos de cada tres víctimas tenía menos de diecisiete años.
El informe de AI, publicado en coincidencia con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, muestra cómo la sociedad nicaragüense estigmatiza a las víctimas de abusos sexuales y cómo el sexo sigue siendo un tema tabú, que les impide revelar lo que les ha ocurrido.
Según AI, la mayoría de los casos de violación o abuso sexual de menores tienen como protagonistas a familiares de la víctima o a personas en posición de poder.
El hogar es con frecuencia un ámbito peligroso en ese sentido y muchas jóvenes sometidas a ese tipo de abusos por parte de algún familiar se ven presionadas para no denunciar su experiencia.
La ausencia de programas gubernamentales destinados a concienciar a la población y cambiar las actitudes sociales hace que muchas veces se culpe a la víctima y no a quien ha abusado de ella.
Las muchachas que se atreven a denunciar los abusos sexuales sufridos, en lugar de verse tratadas con cariño y profesionalidad, se topan con policías, fiscales o jueces que no respetan las reglas internacionales sobre el tratamiento de las víctimas de abusos sexuales.
A pesar de que en Nicaragua existen protocolos sobre el tratamiento de las víctimas de violaciones o abusos sexuales que deben respetar policías y jueces, se incumplen en la práctica, critica AI.
Muchas muchachas nicaragüenses tienen además que costearse los viajes al tribunal, al hospital o a los institutos forenses, agrega la ONG, según la cual «la justicia nicaragüense debería servir a todos los ciudadanos y no sólo a quienes tienen dinero y poder».
El informe señala además que las menores violadas que deciden dar a luz no reciben apoyo a la hora de tener que cuidar del niño o seguir asistiendo a la escuela.
AI denuncia por otro lado la tipificación como delito por el actual Gobierno nicaragüense de todo tipo de abortos, lo cual, dice, tiene graves consecuencias para las muchachas que desean interrumpir su embarazo.
La ley actual obliga a las muchachas, bajo pena de prisión, a continuar el embarazo consecuencia de una violación aunque esa condición represente un riesgo para su vida o su salud, critica la ONG de derechos humanos.
