La exclusión social y la percepción de injusticia por parte de los que la sufren se ha convertido en un gran motor de violencia en el mundo y explica revueltas como las de Oriente Medio y el Norte de Africa, según el Banco Mundial (BM).
El organismo traza en su nuevo «Informe sobre Desarrollo Mundial» publicado hoy una clara línea divisoria entre la violencia del siglo XX y los episodios violentos del siglo XXI en que vivimos.
«El siglo XX se caracterizó por las guerras entre países y en la última parte del siglo por conflictos civiles», afirmó en rueda de prensa Sarah Cliffe, co-directora del informe, quien destacó el progreso en la erradicación de las guerras civiles, que son una cuarta parte menos que hace 30 años.
A diferencia del siglo pasado, ahora hay «nuevos ciclos de violencia que involucran represión política, protestas sociales y en algunos casos violencia criminal, que amenazan los avances en los procesos de paz» y tienen un «grave impacto sobre el desarrollo», dijo Cliffe.
Las elevadas tasas de desempleo juvenil, la desigualdad, la corrupción y la debilidad institucional aparecen en el informe entre los principales desencadenantes de violencia.
El estudio del BM muestra, por ejemplo, que los países con instituciones débiles tienen entre un 30 y un 45 por ciento más probabilidades de vivir conflictos civiles y un riesgo mucho mayor de sufrir violencia criminal.
Nigel Roberts, co-director también del informe, señala que cuando se analizan las presiones internas que conducen a la violencia, un tema recurrente es la percepción de injustica y exclusión.
«Creo que eso ayuda mucho a explicar lo que ha ocurrido recientemente en Oriente Medio», afirmó Roberts.
En su opinión, lo que provoca frustración y rabia entre los desempleados es la sensación de que se les está excluyendo de algo a lo que tienen derecho por la ineficacia de instituciones ajenas a las necesidades de sus pueblos.
A las presiones internas, destacaron los expertos, se suman riesgos externos como las redes de crimen organizado y narcotráfico.
El estudio recuerda que unos 1.500 millones de personas viven en países con ciclos recurrentes de violencia política y criminal.
Esa violencia se ha convertido en uno de los grandes escollos para el desarrollo, como pone de manifiesto el que los habitantes de países con conflictos tengan el doble de posibilidades de sufrir desnutrición y un 50 por ciento más posibilidades de ser pobres.
El estudio señala que los ciclos de violencia tienden a repetirse y recuerda que el 90 por ciento de las guerras civiles de la última década ocurrieron en países que ya habían sufrido un conflicto civil en los últimos 30 años.
A lo anterior se suma la aparición de nuevas formas de violencia. El estudio menciona que países que negociaron con éxito acuerdos políticos y de paz, como El Salvador, Guatemala y Suráfrica, afrontan ahora elevados niveles de crímenes violentos que limitan su desarrollo.
Para solucionar el problema es necesario, según el BM, fortalecer las instituciones y mejorar la gobernabilidad de forma que se dé prioridad a la seguridad ciudadana, la justicia y el empleo.
El estudio señala que los países que han logrado superar la violencia lo han hecho mediante múltiples momentos de transición.
«Los líderes nacionales tuvieron que generar confianza en el estado y transformar las instituciones con el tiempo», dice el informe que menciona el éxito en las transiciones a la democracia tras las dictaduras militares sufridas por Chile y Argentina.
Cliffe, la co-directora del informe, encontró también alentadora la experiencia de Colombia donde, dijo, se han reducido de forma «dramática» los homicidios y los secuestros en los últimos años.
Destacó los recursos invertidos en la prevención de la violencia y la coordinación entre agencias gubernamentales que tratan temas de seguridad, justicia y desarrollo.
Precisó, de todos modos, que el país todavía afronta desafíos como el reforzar su sistema judicial y luchar contra la impunidad en procesos e investigaciones abiertos en el país.
La organización no gubernamental Oxfam señaló en un comunicado que el informe fracasa en señalar el impacto que puede tener la ayuda a corto plazo concentrada en objetivos militares o de seguridad a la hora de exacerbar la violencia.
«Vemos un incremento preocupante en el nivel de ayuda politizada o militarizada», destacó Oxfam.