Las obligaban a 'fichar con su huella dactilar al inicio de cada servicio sexual
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado dos grupos criminales que captaban a jóvenes rumanas menores de edad mediante falsas promesas de trabajo y, tras cumplir los 18 años, las traían a España, donde las obligaban a ejercer la prostitución en macro-prostíbulos de Gerona, próximos a Francia.
Las jóvenes eran sometidas a continuas amenazas, palizas e incluso violaciones y los miembros de la organización las mantenían permanentemente controladas, llegando a utilizar escáneres dactilares que registraban tanto el inicio de la jornada laboral de cada mujer, como cada uno de los servicios sexuales que realizaban.
Hay 19 personas detenidas, entre ellas los principales cabecillas de ambas organizaciones, y se ha identificado a un total de 215 víctimas directas del macro-prostíbulo, que llegó a facturar unos 60.000 euros diarios.
Las investigaciones comenzaron hace casi un año a partir de la denuncia de varias víctimas de la organización en Rumanía.
Estas explicaron que un ciudadano de nacionalidad rumana estaba captando mujeres menores de edad en la zona de Braila (Rumanía), ofreciéndoles trabajo como cuidadoras de niños y ancianos, a las que posteriormente trasladaban a España, donde las obligaban a ejercer la prostitución.
Se puso así en marcha una complicada operación que, tras meses de investigación ha permitido a la Policía llegar hasta la cúspide de ambas organizaciones.
El primero de los grupos desmantelados estaba compuesto por ciudadanos de nacionalidad rumana y asentado en la región de Braila (Rumanía), de la que proceden la mayoría de las víctimas.
Contaban con una estructura perfectamente organizada y piramidal y gozaban de gran respeto entre otras organizaciones de proxenetas de su misma nacionalidad, apareciendo incluso, vídeos en un conocido portal informático en el que artistas famosos rumanos dedicaban canciones al líder de la organización.
Durante la investigación los agentes comprobaron que este grupo utilizaba la violencia en sus actuaciones y adoptaba numerosas medidas de seguridad, cambiando continuamente de domicilios, de vehículos y teléfonos.
También se observó que su líder iba siempre acompañado por un guardaespaldas de la organización y alardeaba de su capacidad económica, frecuentando habitualmente casinos, donde llegó a gastar hasta 14.000 euros en una sola noche.
Igualmente se realizaron pesquisas para verificar los datos aportados por las denunciantes sobre el funcionamiento de esta red y se comprobó que efectivamente se dedicaban a captar mujeres cuando aún eran menores de edad, circunstancia que hacía más fácil engañarlas y, aprovechándose de una situación de necesidad, las ofrecían trabajo como cuidadoras de niños o ancianos.
En algunos casos las víctimas llegaban a sentirse afortunadas por formar parte de este poderoso clan, cayendo en el error de querer satisfacer todos las demandas de sus explotadores, lo que reportaba a éstos enormes beneficios.
Las jóvenes eran trasladadas a España nada más cumplir los 18 años para ser explotadas sexualmente en macro-prostíbulos. Una vez en nuestro país y para doblegar su voluntad, los miembros de la organización las violaban en numerosas ocasiones como «ejercicio de entrenamiento», las amenazaban continuamente y las golpeaban.
Controladas a distancia en tiempo real
El segundo grupo desmantelado era responsable de regentar un macro-prostíbulo en La Junquera. Este club era propiedad de un matrimonio afincado en una zona residencial de Valencia, desde donde controlaban en tiempo real todo lo que ocurría en el prostíbulo a través de un sistema de vídeo vigilancia.
En este local las mujeres eran explotadas sexual y laboralmente, permaneciendo en situación de semi-esclavitud, obligadas a realizar jornadas de doce a catorce horas y a hacer uso de lectores de huella dactilar tanto al inicio de la jornada, como de forma previa a cada servicio sexual.
Los datos así registrados eran enviados a un ordenador central instalado en el club, que permitía el control de cada una de las mujeres de forma permanente, así como al domicilio de los propietarios del mismo, situado a cientos de kilómetros de distancia.
Obligadas a pagar todos los gastos
El club exigía a las mujeres un cumplimiento estricto de los períodos de trabajo y las obligaba a pagar 70 euros diarios para mantener ‘la plaza’, incluso los días que no ejercían la prostitución, llegando a facilitarlas esponjas vaginales para que pudieran seguir manteniendo relaciones sexuales durante el período menstrual y eludir ser penalizadas económicamente por inasistencia.
Además de este alquiler debían hacer frente a una serie de gastos generados por la actividad, que incrementaban notablemente los beneficios obtenidos por los responsables del prostíbulo.
Pagaban cinco euros por gastos de electricidad, dos por cada rollo de papel higiénico o siete por el jabón.
Preservativos, lubricantes, servicio de lavandería, comida, agua, refrescos o tabaco también tenían que adquirirlos en el local a precios desorbitados.
Para exprimir aun más a las víctimas económicamente, la organización había instalado inhibidores de frecuencia de telefonía móvil en el club para obligar a las mujeres a usar los teléfonos públicos instalados en el mismo y de paso restringían aún más su libertad de movimientos.
Además, para poder trabajar, estaban obligadas a realizarse análisis de sangre mensualmente, en un laboratorio elegido por la dirección del prostíbulo, pagado por ellas.
Sacaban el dinero de España en empresa de autobuses
Las investigaciones han permitido constatar envíos regulares de dinero al extranjero, realizados por el lugarteniente del dueño del club, de nacionalidad alemana, a través de distintas empresas de envío de dinero, a cambio de las correspondientes comisiones.
Este individuo, además, facilitaba inmuebles de alquiler a los proxenetas y las víctimas, y dirigía una flota de conductores que se encargaban de transportar a las mujeres desde el domicilio al club y viceversa, cobrando 15 euros por trayecto.
Otro método empleado por la organización para sacar los beneficios obtenidos de nuestro país era con la colaboración directa de los chóferes de una empresa de autobuses de línea regular de viajeros con Rumanía, a los confiaban el dinero, paquetes e incluso víctimas con destino a España.
En torno a esta actividad delictiva, se ha descubierto todo un entramado de «sociedades tapadera», utilizadas para blanquear parte de los beneficios obtenidos, concretamente mercantiles con un capital social superior a 11,5 millones de euros, numerosos inmuebles con un valor catastral superior a dos millones de euros, varios vehículos de alta gama e, incluso, un barco de 19 metros de eslora.
La investigación, que aún no está cerrada, se ha saldado con la detención de 19 personas, entre los que se encuentran varios de los principales cabecillas de la red de proxenetas, así como la concesión de Órdenes Europeas de Detención y Entrega para otros dos miembros de la misma que se encuentran en Rumanía.
También han resultado imputadas cinco personas jurídicas. En cuanto a las víctimas, todas ellas fueron informadas de los derechos que les asisten como víctimas de un delito de trata de seres humanos.
Además, se han registrado cinco domicilios, así como la sede del club de alterne objeto de investigación, durante los cuales se han intervenido 101.290 euros en efectivo, un rifle con silenciador, un revólver, munición para ambas armas, una katana, dos defensas eléctricas, quince navajas, un látigo, dos bastones, una ‘cachiporra’, nueve vehículos, casi 2.000 resguardos de envío de dinero al extranjero, varios equipos informáticos, quince teléfonos móviles y joyas.
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