Las autoridades mexicanas han reconocido el asesinato de 102 periodistas desde el año 2000, cifra superior a las que aportaban organismos no gubernamentales.
Como recoge Manuel Cascante en ‘ABC‘, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), detalla que durante el sexenio presidencial de Vicente Fox (2000-2006) se cometieron 21 asesinatos de profesionales de la información.
El número se dispara durante la Administración de Felipe Calderón (2006-2012), enfocada en la lucha contra el crimen organizado, que se salda con 71 muertes violentas.
En 2013, primer año del mandato de Enrique Peña Nieto, se registraron ocho asesinatos, mientras que en los cuatro primeros meses de 2014 se contabilizan dos casos.
Estas datos superan los aportados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estimaba en 87 el número de periodistas asesinados, y los de la organización de defensa de los derechos de los profesionales de la comunicación Artículo 19, que tenía documentadas 77 muertes en el mismo período de catorce años.
La Fiscalía detalla que los crímenes tuvieron como escenario veinte de las 32 entidades federativas del país. El estado con mayor incidencia es Chihuahua, con 16 víctimas, seguido por Veracruz, con 15; Tamaulipas, con 13; Guerrero, con 11, y Sinaloa, con 7.
Medio millar de investigaciones
La Fiscalía fue creada en 2006 y desde entonces ha abiertomás de medio millar de investigaciones por delitos contra periodistas y medios de comunicación, a las que se suman 325 causas anteriores. De esos casi 900 expedientes, 462 están pendientes de resolución; de los restantes, solo 60 finalizaron con las presentación ante la justicia de los presuntos responsables.
Según Reporteros Sin Fronteras, «la impunidad sigue siendo la regla en la inmensa mayoría de los casos de asesinato y de desapariciones. Las investigaciones con frecuencia se cierran de prisa o se frenan debido a la lentitud burocrática. La impunidad también se explica por la colusión entre el crimen organizado y las autoridades políticas y administrativas -a menudo corruptas y en las que incluso se han infiltrado los cárteles- a todos los niveles».
