A pesar de que es conocido que en Estados Unidos existe la pena de muerte, son pocos quienes saben que también hay seis países de América Latina aún contemplan la pena de muerte en sus legislaciones. Si bien en algunos casos se restringe a situaciones excepcionales, la pena capital continúa siendo legalmente posible. (Pedirán la pena de muerte contra un expolicía por el asesinato de cuatro trabajadores mexicanos)
La última ejecución en la región -llevada a cabo en 2003 en Cuba– demuestra en cambio su tendencia inminente a desaparecer de los países latinoamericanos, como está ocurriendo en el resto del mundo. ( Pena de muerte para el terrorista islámico que asesinó a ocho personas en Nueva York)
En 2016, 104 países habían prohibido la pena de muerte en todos los casos, según el último informe global de Amnistía Internacional. Son más de la mitad de los territorios del mundo.
América Latina, de hecho, fue pionera en la abolición total: Venezuela, ya en 1863, fue el primer país del mundo en prohibirla. Pero ¿en qué países de la región sigue hoy vigente la pena de muerte y qué probabilidades hay de que se reanuden las ejecuciones tras décadas sin llevarlas a cabo?
Cuba: un arma contra «las agresiones de un imperio»
El Código Penal cubano contempla la pena de muerte «con carácter excepcional» para delitos como terrorismo, piratería, espionaje, rebelión, ayuda al enemigo o promoción de la acción armada contra el país.
La pena de prisión perpetua fue introducida en 1999 como alternativa de la pena capital. Una moratoria vigente desde el año 2000 solo fue interrumpida una vez: con el fusilamiento en 2003 de tres jóvenes cubanos acusados de secuestrar un barco con rehenes en La Habana con la intención de huir a Estados Unidos. Fueron condenados por «graves delitos de terrorismo».
La condena fue aplicada «para frenar en seco la oleada de más de 30 intentos y planes de secuestro de aviones y barcos alentados por la política de Estados Unidos», justificó el presidente Raúl Castro en 2008, cuando anunció que conmutaría la pena de un grupo de condenados a muerte por prisión.
Sin embargo, se apresuró a aclarar que aquel gesto no significaba la abolición de la pena capital.
«Hemos sido forzados a escoger, en legítima defensa, el camino de establecer y aplicar leyes severas contra nuestros enemigos (…). No podemos desarmarnos frente a un imperio que no cesa de acosarnos y agredirnos«, dijo entonces, refiriéndose a Estados Unidos.
Años más tarde volvería a defender la existencia de la pena de muerte en su país durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 2013.
«Está suspendida, pero ahí está de reserva, porque una vez la suspendimos y lo único que hicimos con ello fue estimular las agresiones y los sabotajes«, declaró ante el resto de mandatarios latinoamericanos.
Pese al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington en 2015, la postura del gobierno cubano sobre la pena de muerte no ha variado.
Guatemala: el vacío legal
La pena de muerte está recogida en la Constitución y Código Penal de Guatemala, pero no se aplica desde hace cerca de dos décadas por un vacío legal al respecto.
El expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) derogó la ley que regulaba el indulto y que permitía al primer mandatario del país suspender o no la ejecución en última instancia.
Al no haberse restablecido la plena vigencia del recurso de gracia y continuar sin estar reglamentado, los jueces optaron en los últimos años por conmutar la pena de muerte por la máxima sentencia legal de 50 años de prisión a los reos que lo solicitaron.
«Mientras el Congreso no establezca las modificaciones o la regulación en el Código Penal respecto al indulto presidencial, no se puede aplicar», dijo el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, Rolando Escobar Menaldo.
Preguntado recientemente por BBC Mundo a raíz del reciente debate en el país sobre la conveniencia o no de reactivar las ejecuciones para frenar el incremento de violencia por parte de las pandillas, Menaldo recordó que la Constitución señala que la pena capital se ejecutará tras agotar todos los recursos legales.
El último de ellos, que sería el perdón del presidente, no está regulado. Ello hace que, en la práctica, la pena de muerte sea inaplicable, afirmó el especialista.
La Carta Magna también afirma en su artículo 18 que «el Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte». Esta nunca podrá imponerse «con fundamento en presunciones, a las mujeres, a los mayores de 60 años, o a los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos».
Chile, Perú, Brasil y El Salvador: en «tiempos de guerra»
En otros países, la pena de muerte fue abolida completamente de la justicia civil, pero podría aún ser aplicada por la justicia militar por crímenes excepcionales cometidos en tiempos de guerra.
Es el caso de El Salvador, cuya Constitución recoge que «sólo podrá imponerse la pena de muerte en los casos previstos por las leyes militares durante el estado de guerra internacional».
En Brasil, sus ciudadanos podrían ser fusilados en caso de guerra declarada por el presidente ante una agresión extranjera si cometieran delitos como traición, cobardía, rebelarse, deserción, crímenes de genocidio, robo o extorsión en zonas de operación militar, entre otros.
Chile aprobó en 2001 sustituir la pena de muerte por la de presidio perpetuo efectivo de 40 años en diversos textos legales, pero su código de justicia militar mantiene la condena capital para varios delitos en tiempos de guerra.
La Carta Magna de Perú de 1993, por su parte, reserva su aplicación para «el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada».
