La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió a Nicaragua adoptar medidas para proteger la vida, salud e integridad física de 17 personas detenidas por participar en las protestas contra el presidente Daniel Ortega. ( Los miembros del Consejo Episcopal Latinoamericano abrazan el dolor de Venezuela, Nicaragua y Haití)
«Concurren suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad y, por lo tanto, la necesidad urgente de adoptar las medidas necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la salud, vida e integridad personal» de los 17 opositores, «donde quiera que se encuentren». (Un periodista crítico con el régimen de Daniel Ortega trasladado al peor calabozo de Nicaragua)
La lista incluye a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, del clausurado canal 100% Noticias, al líder estudiantil Edwin Carache, el dirigente campesino Medardo Mairena, la comerciante Irlanda Jerez y la estudiante de origen belga Amaya Coppens.
También a Kevin Espinoza, Cristian Fajardo, Yubrank Suazo, Mario Lener Fonseca, Ricardo Baltodano, Olesia Muñoz, Jaime Ampié, Julio Ampié, Reynaldo Lira, Tania Muñoz y María Adilia Peralta.
Los últimos cinco fueron excarcelados y se mantienen bajo prisión domiciliar.
Para los que continúan encarcelados, el presidente de la Corte IDH, Eduardo Ferrer, pidió que el gobierno nicaragüense «evalúe, de manera inmediata, el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad, de conformidad con su normativa interna y los estándares interamericanos».
El llamado se produce poco después de que el opositor Eddy Montes muriera el fin de semana de un disparo mientras estaba detenido en la cárcel La Modelo, cerca de Managua, en un incidente que no ha sido aclarado.
Centenares de personas fueron detenidas por participar en las protestas contra Ortega, iniciadas el 18 de abril del año pasado, cuya represión dejó también al menos 325 muertos y 62.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
El gobierno nicaragüense se comprometió a liberar a la totalidad de los opositores presos por protestar a más tardar el 18 de junio, pero la oposición reclama que no ha dado señales de querer cumplirlo.