Los familiares de los tres presos políticos intoxicados en una prisión de Nicaragua negaron la versión de un supuesto intento de suicidio, y aseguraron que los reos fueron envenenados por los encargados del Sistema Penitenciario Nacional. ( Daniel Ortega al mejor estilo bolivariano: Rechaza adelantar las elecciones presidenciales en Nicaragua)
«Vamos a aclarar eso, ellos no quisieron suicidarse, los quisieron envenenar, que es otra cosa», afirmó la hermana de uno de los afectados, Anielka Ortega Briceño. (El gesto de Nicaragua para reducir la presión internacional: Excarcelar a 50 presos políticos y 207 mujeres)
Según la denunciante, hermana del intoxicado José Luis Ortega Briceño, la información sobre el supuesto envenenamiento la recibieron algunas madres de presos políticos en la visita familiar, por petición de las víctimas.
Ortega Briceño se quejó de que hubo personas que brindaron la versión del suicidio a las madres y abogados, por lo que ofreció una conferencia de prensa improvisada en la calle que lleva a la cárcel «La Modelo», para «aclarar» la versión de los reos.
Según la denunciante, los tres convictos habían pedido a las autoridades medicamentos para aliviar el dolor, resultado de una paliza que les dieron los custodios el 16 de mayo, cuando un carcelero mató de un disparo a un reo, y tras 18 días de insistencia los médicos de la cárcel les dieron unas pastillas que supuestamente los intoxicaron.
«Cualquier cosa que a ellos les pase va bajo la responsabilidad de los custodios del Sistema Penitenciario, los jefes del Sistema, y del Gobierno de Daniel Ortega, ¡ya basta!, mi hermano ya va por 10 meses de estar secuestrado por este Gobierno y que quieran envenenarlo no es justo«, se quejó la mujer.
Los otros dos convictos intoxicados son Carlos Cruz Aburto y Carlos Alberto Vanegas.
Los tres afectados son originarios del departamento (provincia) de Masaya, cuya cabecera a mediados de 2018 se declaró «territorio libre del tirano», en referencia al presidente Ortega, tras lo cual la ciudad recibió un ataque armado de las fuerzas combinadas del Gobierno, que dejó decenas de civiles muertos y arrestados, incluyendo niños.
Cerca de 800 presos políticos, entre opositores y periodistas, se encuentran bajo algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua por expresar puntos de vista que no coinciden con los del presidente Ortega, desde el estallido social de abril de 2018, según organismos humanitarios nacionales e internacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reporta al menos 325 muertos en el marco de la crisis. Organizaciones locales cuentan hasta 594. El Gobierno reconoce 199.
La CIDH responsabiliza al Gobierno de Ortega por las acciones violentas en medio de la crisis, incluyendo crímenes «de lesa humanidad».
