Esta situación surge después de que un fallo del TC devolviera la autoridad a un juez local para decidir sobre la libertad de Fujimori, al interpretar que un habeas corpus otorgado en marzo de 2022 tenía validez.
Morales enfatizó la importancia de acatar las decisiones judiciales y afirmó que Fujimori debe ser liberado según la determinación del Tribunal Constitucional. «El Chino»,como también se le conocía popularmente, fue condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, y había recibido un indulto en 2017.
La historia del indulto ha sido polémica: otorgado en 2017, anulado en 2019 por la Corte Suprema, y luego restituido en marzo de 2022 por el TC. No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a Perú no proceder con la liberación hasta que se revisara un recurso de los familiares de las víctimas del mandato de Fujimori.
A pesar de la orden contraria de la CIDH el año pasado, Morales insistió en que las autoridades peruanas deberían liberar de inmediato a Fujimori.
Explicó que la decisión se ha remitido al juez encargado de ejecutar un habeas corpus presentado en la ciudad de Ica a favor del exgobernante. Además, afirmó que la resolución del TC tendría precedencia sobre la decisión previa de la CIDH.
El presidente del TC mencionó que la votación sobre este tema fue reservada y que todos los magistrados firmaron la resolución. La instrucción es enviar el caso al juez de ejecución para que actúe según sus atribuciones respecto a la situación del exmandatario.
Este caso ha sido motivo de debate político y judicial en Perú desde el indulto en 2017, generando opiniones divididas sobre la justicia para las víctimas y la humanidad hacia Fujimori, quien enfrenta problemas de salud. La comunidad internacional ha mostrado preocupación por la independencia judicial y los derechos humanos en Perú, mientras que algunos respaldan las decisiones del Tribunal Constitucional como muestra de capacidad para resolver asuntos internos.
En un juicio que duró 15 meses en Lima, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos cometidas por escuadrones de la muerte vinculados a su Gobierno. Esta histórica sentencia marcó la primera vez que un expresidente peruano fue extraditado y juzgado. Fujimori, quien ya había sido condenado en 2007 por abuso de poder, se declaró inocente de los cargos.
Fujimori mantuvo simpatizantes a pesar de las acusaciones en su contra y su fuga debido principalmente a los logros económicos y en seguridad durante su mandato. Logró una reducción drástica en la inflación y lideró la lucha contra Sendero Luminoso, un grupo guerrillero maoísta que generó caos en el país en las décadas de los 80 y 90.
