El Magistrado Vicente Fernández de Ica (ciudad al sur de Lima) decidió devolver el caso al Tribunal Constitucional (TC), otorgando la responsabilidad de ejecutar la sentencia de marzo de 2022 que concedía un indulto al exmandatario.
Durante toda la mañana, la atención se centró en él, pero Fernández Tapia, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, se tomó su tiempo antes de revelar su decisión.
Los rumores sobre la posible salida de Alberto Fujimori de la prisión de Barbadillo se volvían cada vez más tangibles desde temprano ese día. Mientras la bancada de Fuerza Popular exigía su liberación inmediata, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostraba preocupación por esa posibilidad de indulto.
No fue hasta después de la una de la tarde que el juez Fernández anunció su determinación: rechazó la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional, devolviendo todo el proceso a esa entidad para que emita un pronunciamiento definitivo al respecto. Fujimori debía permanecer en prisión.
En su comunicado, el magistrado explicó que no le correspondía a él ordenar la liberación, ya que existe una resolución opuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«Según la ley, la responsabilidad de pronunciarse sobre la ejecución de la sentencia a favor de la libertad de Alberto Fujimori, emanada del pleno del 17 de marzo de 2022, recae en el Tribunal Constitucional, no en el Juzgado donde se inició la demanda de habeas corpus», señaló Fernández en su resolución.
La decisión del juez fue rechazada por la bancada naranja, y el legislador Héctor Ventura acusó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de influir en la decisión de Fernández mediante presión política. «Se ha desobedecido la orden del Tribunal Constitucional debido a una presión política con sesgos evidentes, como la proveniente de la Corte IDH», expresó con indignación el fujimorista.
Elio Riera, abogado del expresidente encarcelado, también criticó el fallo judicial y descartó la posibilidad de presentar un nuevo pedido de indulto, ya que el Tribunal Constitucional ya había establecido la excarcelación en 2021. «El problema no es el indulto, sino su ejecución. La Corte IDH debe defender el derecho a la vida. Estamos hablando de un anciano de 85 años. Si quieren que el expresidente muera, que lo digan abiertamente en la resolución», argumentó el abogado.
El año pasado, el Tribunal Constitucional aceptó el habeas corpus presentado por la defensa de Fujimori, restableciendo el indulto revocado por el Poder Judicial en 2018. Sin embargo, la liberación no se llevó a cabo debido a una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
