Yván Gil, el canciller del gobierno de Nicolás Maduro, emitió un comunicado acusando al personal de la Oficina de adoptar una «actitud colonialista, abusiva y violatoria de la carta de las Naciones Unidas» hacia Venezuela, exigiendo una rectificación pública ante la comunidad internacional.
Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, expresó: «Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los próximos pasos a seguir».
La expulsión de los representantes de la ONU en materia de derechos humanos se produce después de una serie de detenciones de críticos destacados, lo que ha llevado a la oposición y a observadores internacionales a denunciar una escalada represiva por parte del gobierno.
El incidente más reciente fue la detención el viernes pasado en el aeropuerto de Caracas de la periodista y activista Rocío San Miguel, a quien la Fiscalía venezolana acusa de estar involucrada en un plan para asesinar al presidente Maduro.
Varias agencias de la ONU expresaron su preocupación por el paradero de San Miguel y pidieron a las autoridades que respeten sus derechos y garanticen un debido proceso. Por otro lado, la televisión estatal venezolana criticó recientes comentarios del relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, quien cuestionó el programa oficial de distribución de alimentos a familias de bajos recursos conocido como CLAP.
El gobierno venezolano acusó a la oficina del Alto Comisionado de convertirse en «el bufete personal de grupos golpistas y terroristas que conspiran permanentemente contra el país». También anunció una revisión integral de los términos de cooperación técnica establecidos en la Carta de Entendimiento firmada con la Oficina.
Desde que en octubre pasado el gobierno venezolano y la oposición acordaran en Barbados la celebración de elecciones competitivas en el país, avalado por Estados Unidos, varios activistas opositores y miembros del equipo de María Corina Machado, candidata de la oposición, han sido detenidos.
Los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han señalado repetidamente abusos como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales en el país.