El juez Marc Perrin de Brichambaut, en La Haya, informó que la Cámara de Apelaciones rechazó los argumentos presentados por Venezuela, confirmando así la decisión inicial. En noviembre de 2021, la CPI inició una investigación formal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, conocida como «Venezuela I», tras violentas protestas contra el gobierno de Maduro en 2017.
La apelación del gobierno venezolano el año pasado, basada en el principio de complementariedad, fue rechazada por unanimidad por los jueces de apelación, permitiendo a la CPI continuar con las investigaciones.
El gobierno de Maduro expresó su desacuerdo con la decisión, acusando a la CPI de instrumentalizar la justicia penal internacional con fines políticos y negando la existencia de crímenes de lesa humanidad a gran escala. Se refirió a la acusación como una manipulación de delitos.
La CPI había señalado en 2020 «bases razonables» para creer que funcionarios gubernamentales y militares perpetraron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones durante las protestas de 2017, en las que murieron 125 personas.
La decisión de la CPI fue bien recibida por organizaciones de derechos humanos en Venezuela, en un contexto de protestas por la detención de la activista Rocío San Miguel, acusada de conspirar para asesinar a Maduro y detenida en El Helicoide, un centro denunciado por la disidencia como lugar de tortura.
La detención de San Miguel fue calificada como desaparición forzada por la ONU, lo que provocó la expulsión del personal de esta instancia en Venezuela por parte de Maduro. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, también de la ONU, ha documentado casos de violaciones de derechos humanos en el país desde 2014.
