La Autoridad del Canal y el consorcio estarían hablando de la aportación de fondos extra para evitar la paralización de la obra
Las obras del Canal de Panamá se han convertido en el primer gran culebrón económico-político de este año. Para intentar solucionar las diferencias entre las autoridades de este país y la empresa española Sacyr, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha enviado allende el Atlántico a la ministra de Fomento, Ana Pastor.
Pastor ha anunciado este lunes por la tarde un primer acuerdo en este conflicto. El consorcio a cargo de la ampliación del Canal de Panamá, que lidera Sacyr, se ha comprometido a procesar sus reclamaciones según lo establecido en el contrato y a dialogar con la administración de la vía en busca de solución al conflicto que amenaza con paralizar la obra.
«El compromiso del consorcio es que todas las reclamaciones va ir por la vía dentro del contrato (…) por lo tanto ya ahí hay un primer acuerdo. También que se van a sentar para hablar y a dialogar para intentar resolver todos los problemas», ha dicho Pastor a los periodistas tras un reunión con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli.
El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) anunció la semana pasada que suspenderá las obras de ampliación el próximo día 20 si la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no reconoce «sobrecostes» por más 1.600 millones de dólares.
La ACP ha señalado que la cláusula citada por el contratista para paralizar las obras no se aplica al caso, que el reclamo económico no está justificado debidamente, y ha instado al GUPC a que continúe las obras y paralelamente presente sus peticiones por los canales previstos en el contrato y no intente eventuales negociaciones fuera de ese marco.
«ENTENDERSE SERÁ BUENO PARA TODOS»
En declaraciones a los periodistas ante el palacio presidencial de Panamá, Pastor ha recalcado que aunque se trata de un conflicto entre un ente autónomo del Estado panameño y un grupo de empresas, entre ellas una española, Madrid ha intervenido de buena fe en busca de que las partes «lleguen a acuerdos, porque el acuerdo y el entenderse será bueno para todos».
Martinelli, por su parte, ha asegurado estar «totalmente de acuerdo» con lo expresado por la ministra española, a la que ha agradecido públicamente su «muy atinada intervención» y su «muy significativa ayuda».
«No creo que tenga mucho más que añadir (a lo dicho por Pastor) salvo que la ACP y el GUPC, entre ellos, tienen que resolver todos sus problemas según el contrato firmado entre las partes. Estamos seguros que producto de las reuniones que se están dando entre ellos, van a resolver cualquier conflicto que pudiesen tener», afirmó el mandatario.
«Lo que más queremos todos los Gobiernos del mundo, el de Panamá, de España, es que el Canal de Panamá se termine y se expanda según los términos estipulados en el contrato», ha reiterado el jefe del Estado.
La ministra Pastor se encuentra en Panamá con el objetivo de mediar para que las partes en conflicto logren acuerdos que permitan llevar adelante el proyecto de ampliación de Canal, una de las mayores obras de ingeniería del mundo.
REUNIONES DURANTE TODO EL DÍA
A primer hora de este lunes ha mantenido un encuentro privado con representantes del GUPC, tras lo cual se reunió con Martinelli, y en la tarde hará lo mismo con los responsables de la ACP.
El GUPC se adjudicó en 2009 el proyecto de ampliación por un valor global de 5.250 millones de dólares, de los cuales 3.118 millones corresponden al contrato para la construcción de las esclusas.
El consorcio ha dicho que la ACP le entregó información geológica equivocada y que esa es la principal causa de la petición de más de 1.600 millones de dólares extras, que representan cerca del 50% del costo de las nuevas esclusas que permitirán el paso de buques con hasta el doble de carga de lo actual.
EL GOBIERNO ESPAÑOL NO APORTARÁ FONDOS
El embajador español en Panamá, Jesús Silva, ha subrayado también este lunes que el Gobierno de Mariano Rajoy no aportará «en ningún caso» fondos para reanudar las obras de ampliación del Canal de Panamá y ha dicho que su papel se limita a una labor de «mediación» para que las dos partes acerquen posturas.
«El Gobierno español no es parte. Es un problema entre un contratista y su cliente», ha explicado Silva en declaraciones a los periodistas antes de iniciar la «jornada de contactos» para «escuchar a todas las partes».
Silva ha explicado que su labor, así como la de la ministra de Fomento, es la de «mediar» para que vuelva a existir un «diálogo», según declaraciones recogidas por la emisora Radio Panamá.
«En ningún caso se contempla que el Gobierno español aporte fondos».
