Venezolanos pagarán los desmanes comunistas del régimen

Venezuela condenada a pagar USD 366 millones por expropiaciones durante la era de Chávez

Venezuela condenada a pagar USD 366 millones por expropiaciones durante la era de Chávez
Hugo Chávez y sus políticas comunistas hundieron a Venezuela. YT

Venezuela tendrá que seguir pagando millones de dólares por las políticas expropiatorias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Según pudo conocer El Diario de las Américas, el pasado 26 de abril de 2019, un tribunal arbitral internacional administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, Holanda, condenó a Venezuela a pagar aproximadamente $366 millones en favor de Serafín García Armas y su hija Karina García Gruber, propietarios de Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A. por concepto de indemnización por la expropiación ilegal de estas compañías que tuvo lugar en 2010.(La patochada del «expropiese» de Hugo Chávez, le sale por un ojo de la cara a Venezuela)

El arbitraje se había iniciado en 2012, en el marco del Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Venezuela y el Reino de España en el año 1995.

En mayo de 2010 las instalaciones de las compañías de Serafín García Armas y su hija Karina García Gruber, fueron ocupadas y sus inventarios decomisados por funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), bajo las órdenes del presidente Hugo Chávez.

En el caso de Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A., el INDEPABIS acusó a estas compañías de irregularidades operativas, y a través de medidas preventivas de “ocupación y operatividad temporal”, removió a sus propietarios legítimos y puso sus activos e inventarios a disposición de una junta administradora controlada por el Gobierno.

Según destacó el tribunal arbitral, administrado por la Corte Permanente de la Haya, la junta administradora del Gobierno se apropió de ambas compañías, incluyendo sus inventarios, cuentas por cobrar, vehículos y cuentas bancarias.

Debido a los desmanejos de la junta administradora, al poco tiempo de su intervención, ambas empresas debieron suspender definitivamente sus operaciones.

Como parte de la decisión que condena a Venezuela a pagar $366 millones más intereses a partir de la fecha del laudo, el tribunal ordenó a Venezuela cubrir todos los costos legales y administrativos del arbitraje, notando que la defensa de Venezuela en el arbitraje había intentado obstruir el avance del procedimiento de manera sistemática y con mala fe.

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