Garzón fue contratado por Correa como asesor y, pese a percibir la friolera de 50.000 euros, sólo se ha desplazado a Ecuador dos veces
El presidente Rafael Correa ha traspasado las líneas rojas en su deriva hacia el autoritarismo con la monstruosa condena impuesta por la Corte Penal, tras recibir instruciones del presidente, al diario El Universo.
El derecho de información es papel mojado tras el paripé de juicio por injurias promovido por el presidente Rafael Correa, quien ya ni disimula que la Justicia se pliega a las consignas de su Ejecutivo.
Los directivos de El Universo, condenados a tres años de cárcel y a una multa de 40 millones de dóalres, han pedido asilo en Panamá.
Y en plena tormenta, la asociación de colegios de abogados de Ecuador pedirá el procesamiento del juez prevaricador Garzón por «malversación de fondos».
El español fue contratado por Correa como asesor y, pese a percibir la friolera de 50.000 euros, sólo se ha desplazado a Ecuador dos veces.
LA LIBERTAD DE PRENSA AMENAZADA
Los jueces, a las órdenes de ese mismo presidente que contrató a Garzón y dora la píldora a Hugo Chávez, han sentenciado a penas de tres años de prisión para el columnista Emilio Palacio y los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, principales directivos de ‘El Universo’, uno d elos grandes diarios de Ecuador..
Según la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana, una tribuna firmada de Palacio, en la que se acusaba al presidente Correa de haber ordenado al Ejército que disparase contra un hospital lleno de civiles y gente inocente, constituiría un delito de injurias.
No es este el único caso que enfrenta a Correa con la prensa de Ecuador. Otros dos periodistas, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, fueron condenados la semana pasada a pagar dos millones de dólares por los supuestos daños morales ocasionados al presidente en un libro con revelaciones sobre los negocios de su hermano. Esta última sentencia se encuentra recurrida.
Aun en el supuesto de que existieran las injurias y los daños morales denunciados por Correa, los tribunales de Ecuador han pretendido dictar una sentencia ejemplarizante que, precisamente por serlo, vulnera los principios del Estado de derecho y supone un grave atentado contra la libertad de expresión.
La aberrante desproporción de las condenas, dictadas, además, por un Poder Judicial sobre el que pesa la sospecha de estar manipulado por el Ejecutivo, deja entrever la inaceptable estrategia del presidente ecuatoriano.
Correa no busca tanto una reparación como crear un clima de temor que acalle todas las críticas. Pero el carácter ejemplarizante de las sentencias contra El Universo y contra los periodistas Calderón y Zurita, lejos de reparar nada, contribuyen a socavar aun más el Estado de derecho y la libertad de expresión en Ecuador.
El mal comienza a ser endémico en algunos países de América Latina, donde, como en Ecuador, los Gobiernos están acabando con las voces disidentes por la vía de ahogar financieramente a las empresas periodísticas a través de procesos penales.
Correa, como ciudadano, tiene derecho a que se respete su honorabilidad. Como presidente, tiene obligación de respetar y hacer respetar la libertad de expresión.
Las recientes sentencias han establecido la absoluta incompatibilidad entre ese derecho y esa obligación, declarando implícita y desgraciadamente la aplastante superioridad del primero sobre la segunda.
