La aplicación por la fuerza de la nueva Ley de Medios Audiovisuales implicar subastar una porción de sus licencias y confiscar parte de su patrimonio
El Gobierno argentino, siguiendo con docilidad las órdenes de Cristina Kirchner, ha notificado este 17 de diciembre de 2012 al grupo Clarín, en su propia sede, que actuará, a partir de hoy, ‘de oficio’ para que el mayor grupo de comunicación de Argentina se adapte a las exigencias de la Ley de Medios Audiovisuales.
Es un eufemismo tras el que se parapetan la ‘Reina del Botox’ y el Ejecutivo para iniciar el desmantelamiento del mayor grupo de comunicación de Argentina al subastar una porción de sus licencias y confiscar parte de su patrimonio.
El Grupo Clarín, el más poderoso del sector mediático de la Argentina, ha apelado el fallo pero puede servirle de poco.
Como explica Francisco Peregil en ‘El País’, el 7 de diciembre vencía el ultimátum que el Gobierno de Argentina llevaba tres meses anunciando.
Ese día, el Gobierno haría cumplir la Ley de Medios, o sea, la transferencia de parte de los negocios audiovisuales de Clarín hacia otras compañías. Pero un juzgado de segunda instancia le aguó la fiesta al Gobierno el 6 de diciembre cuando falló que la ley no podría entrar en vigor hasta que no hubiese sentencia “definitiva” sobre su constitucionalidad.
A partir de entonces, Clarín dispondría de un año para adecuarse a la normativa. Sin embargo, el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, dictaminó el pasado viernes que la Ley de Medios es constitucional (a pesar de que Clarín había denunciado en 2009 la ilegalidad de varios artículos) y ordenó levantar la medida cautelar que impedía aplicar la norma.
Clarín recurrió la sentencia a las 7.57 de la mañana del lunes con el fin de que interviniese cuanto antes la Cámara de lo Civil, el tribunal de segunda instancia que ya se había pronunciado a favor del grupo.
Pero el Gobierno interpretó que la sentencia del juez de primera instancia no solo es definitiva sino que le autoriza a intervenir de oficio sobre el mayor grupo mediático del país. Y el 17-D se produjo el desembarco.
Poco después de que Clarín recurriese la sentencia, se presentó en la sede del grupo el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella. Venía a notificar “el inicio de la transferencia de oficio”.
La noche anterior, Sabbatella había explicado en un programa de TV Pública que el proceso de “transferencia” durará cien días hábiles.
“Se inicia con su notificación para quien no haya presentado su plan voluntario de adecuación. Eso tiene un primer capítulo que es la tasación de las licencias y los bienes afectados al uso de las mismas; un segundo capítulo, que es la selección de las licencias a concursar; un tercero, que es el concurso de las mismas y, por último, la adjudicación y el traspaso de la licencia al nuevo titular al final del proceso”.
“La diferencia entre el plan de adecuación voluntaria y el proceso de oficio es que en el primer caso el que lo organiza es el propio grupo empresario, y en el proceso de oficio lo hace el Estado al no haber un cumplimiento de la norma».
El 17-D ha llegado en medio de los ataques furibundos que desde el Gobierno se han lanzado contra los representantes judiciales.
El último de ellos se produjo el domingo cuando el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, tachó de «Cámara de mierda» al juzgado de segunda instancia que falló a favor de Clarín el 6 de diciembre.
“Me preguntaban cómo tomaron el fallo de la Cámara. ¿Los sorprendió? ¡Cómo nos iba sorprender eso!”.
«Si era obvio que esa Cámara de mierda iba a hacer lo que había hecho. ¡Qué duda teníamos, compañeros, que esos jueces comprados por Clarín iban a fallar para Clarín!».
Días antes, la presidenta Cristina Fernández también había cargado contra los jueces en un acto multitudinario en la plaza de Mayo.
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