Los hechos se registraron en la cárcel de Abaetetuba, en el estado brasileño de Pará
Ocurrió hace la friolera de 11 años, pero todavía estremece.
Es otro claro ejemplo de cómo las decisiones judiciales, a veces, discurren por incomprensibles sendas cuyos cauces nacen en inexplicables despropósitos, y desembocan en dramas de difícil remedio; en esta ocasión el fallo -y nunca mejor dicho- tiene a Brasil como escenario de fondo.
Vaya por delante que el Consejo Nacional de Justicia de Brasil (CNJ) sólo castigó con una suspensión de dos años de su cargo a Clarice Maria de Andrade, la juez que encarceló a una menor que estuvo durante 26 días en una celda masculina, donde alrededor de 30 hombres abusaron de ella una y otra vez.
A pesar de no poder ejercer, la funcionaria continuó recibiendo un salario proporcional al del tiempo de servicio.
La triste protagonista de una lamentable decisión judicial que ha acarreado un ridículo ‘castigo’ a la juez Clarice Maria de Andrade, es una chica de 15 años de edad quien, el 23 de octubre de 2007, permaneció por obra y gracia de la mentada un total de 26 días en una celda con 30 hombres, quienes durante ese tiempo la violaron y torturaron sin parar.
Su delito: haber robado un teléfono móvil.
Y es que, por entonces, no había disponibles celdas para mujeres, y a la magistrada se le pasó por alto la alerta al respecto de la Policía solicitando su urgente traslado a una prisión femenina. Así, a Clarice Maria, le trajo al pairo la carta de los agentes pidiendo «con carácter de urgencia» que la joven fuera transferida a otra celda, ya que «corría riesgo de sufrir algún tipo de violencia por parte de los demás presos».
Según el CNJ, la funcionaria solo pidió el traslado de la menor 20 días después de recibir el aviso.
La joven fue violada en numerosas ocasiones, torturada con cigarrillos y obligada a tener sexo a cambio de comida.
El machismo social e institucional se ha vuelto una epidemia en Brasil. Las estadísticas reflejan una situación alarmante: 47.646 violaciones por año, 6 violaciones por hora y una cada 11 minutos.
Según el IPEA, solo el 10% de los casos son denunciados. Y a estos datos se suma que en más del 70% de los casos, las víctimas son menores de edad.
