El deseo descontrolado por lograr altas cifras de éxito en la lucha contra la inmigración ha llevado a la Administración de Donald Trump a realizar proyectos disparatados, como la creación de la Universidad de Farmingtonse presentaba como una nueva y rigurosa, selecta pero global.
Tenía presencia activa en redes sociales y, según afirmaba en su página web, su objetivo era «proporcionar a los estudiantes de todo el mundo una experiencia educativa única». Contaba con un escudo y hasta lema «Scientia et Labor» (ciencia y trabajo). También ofrecía programas académicos actualizados con todas las certificaciones legales pertinentes.
El Departamento de Licencias y Asuntos Regulatorios de Míchigan y la Comisión de Acreditación de Escuelas y Colegios Profesionales le habían dado sus autorizaciones. Y el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio la había avalado para admitir estudiantes extranjeros. La tarifa anual rondaba los 12.000 dólares, significativamente menor que muchas otras instituciones académicas de Estados Unidos, pero nada que hiciera levantar muchas sospechas.
Bueno, aparte de que no tenía aulas, nunca contrató a un profesor y jamás se impartió una clase en ella. En realidad, estaba a cargo de agentes encubiertos del gobierno en una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para atrapar y deportar a extranjeros que ya habían entrado al país con visas de estudiante.
En enero pasado, cuando se descubrió el esquema, ocho personas que presuntamente trabajaron como «reclutadores» para la escuela y ayudaron a al menos 600 estudiantes fueron acusados de conspiración para delinquir.
En los últimos meses, según confirmó el ICE al Detroit Free Press (DFP), primer medio en reportar sobre el caso, más de 250 estudiantes de la universidad, en su mayoría indios, fueron regresados a sus países de origen y otros enfrentan órdenes de deportación o procesos antes jueces de inmigración.
¿Qué pasó con el dinero que pagaban los estudiantes?
Uno de los temas que más controversia ha generado -además del hecho de que los acusados o deportados llegaron con visas de estudiantes legítimas a EE.UU.- es qué pasó con los cientos de miles de dólares que recaudó cada año la universidad regentada por el ICE. Y es que el esquema, según los medios estadounidenses, hizo que el gobierno se hiciera con miles de dólares que debían pagar los estudiantes en concepto de matrículas y aranceles para mantener su estatus.
Algunas versiones indican que los costos por un programa de posgrado ascendían a US$2.500 por trimestre y las tasas promedio en pregrado era de US$1.000 por mes. Los abogados defensores de algunos de los acusados aseguran que el ICE se aprovechó de «personas vulnerables que solo querían mantener el estatus» en EE.UU., además que tomó miles de dólares que se desconoce para qué fueron empleados.
Según el DFP, ninguno de los acusados u organización civil ha presentado un reclamo o demanda contra el gobierno de EE.UU. por cobrar a los estudiantes bajo engaño o por crear una «trampa» de este tipo.
