Tal como hiciera Hugo Chávez con PDVSA en Venezuela, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, considera Petróleos Mexicanos (Pemex) uno de los ejes principales de su gobierno.
«Es la palanca del desarrollo nacional», dice con cierta frecuencia.
Sin embargo, la empresa productiva del Estado es una de las petroleras más endeudada del mundo, según calificadoras internacionales.
Además desde hace una década enfrenta una fuerte caída en sus niveles de producción de hidrocarburos, especialmente petróleo crudo.
A pesar de este escenario, López Obrador emprendió una estrategia para rescatar a Pemex con una fórmula que ha sido cuestionada: incrementar la inyección de recursos públicos y restringir la participación de capital privado.
El plan desata controversia. Grupos financieros como Citi Banamex y BBVA Bancomer dicen que la propuesta oficial es «insuficiente» para superar la crisis en la empresa.
Otros advierten que la estrategia, llamada Plan de negocios de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias 2019-2023, puede agravar los problemas.
«Pemex está en una situación muy comprometida, es muy difícil que sea el motor de crecimiento del país» le dice a BBC Mundo Rodolfo de la Torre García, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Aún más: la estrategia aumenta el riesgo de que se asigne una mala nota a la deuda soberana del país por parte de calificadoras internacionales.
«Genera mucha preocupación que el gobierno contamine su reputación crediticia por un mal desempeño de Pemex, y tenga que absorber sus deudas» añade el especialista.
Una posición que no comparten las autoridades. «Con todo respeto le digo a los bancos y las calificadoras que deben observar con beneplácito el cambio de rumbo», dice la secretaria de Energía, Rocío Nahle a BBC Mundo.
«De seguir Pemex como venía en los últimos años estaría prácticamente firmando su sentencia de muerte. Ahora cambiamos el giro para rescatar la industria petrolera».
Crisis aguda
El plan del gobierno de López Obrador parte de un severo diagnóstico sobre Pemex que resume su director, Octavio Romero Oropeza: una deuda histórica, por más de dos billones de pesos; baja inversión pública y privada y una fuerte carga fiscal.
Un panorama que el gobierno de López Obrador pretende revertir. En tres años la empresa debería recuperar su estabilidad financiera e incrementar la producción de hidrocarburos.
A partir de ese plazo el proyecto es que empiece a aportar recursos fiscales, algo que no sucede desde hace más de una década.
El objetivo es aumentar la extracción de hidrocarburos que actualmente es de 1,7 millones de barriles al día.
La meta es que en 2024 la producción sea de 2,6 millones de barriles al día, una cantidad similar a la que se obtenía en 2010.
Para conseguirlo se planea asignar un presupuesto de 141.000 millones de pesos (unos US$7.400 millones) entre 2020 y 2022.
Al mismo tiempo la estrategia contempla reducir la carga de impuestos que afronta Pemex, actualmente del 65% de sus ingresos totales.
Con esta medida se podría liberar a la empresa más de 128.000 millones de pesos en dos años, alrededor de US$ 6.700 millones.
De acuerdo con el Plan de negocios se pretende aumentar contratos de servicios con empresas privadas, lo cual aportaría una cantidad adicional de recursos.
Un elemento adicional es incrementar en corto plazo la producción de crudo y gas, a través de 20 nuevos campos petroleros en tierra, y también aumentar la elaboración de gasolinas, diésel y turbosina.
Así, de acuerdo con el proyecto, en 2021 la inversión adicional a Pemex sería de 411.000 millones de pesos, unos US$ 22.000 millones.
Es algo «que no se había hecho» insiste el presidente López Obrador.
¿Estatización?
En la polémica por el plan de negocios de Pemex algunos cuestionan el aumento de recursos públicos en la empresa, como José Alberto Lara Pulido, director del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana.
Es un plan como de los años 70, vamos a hacer fuerte a la empresa con una gran participación estatal» dice a BBC Mundo.
«Esta visión de tener una empresa estatal fuerte y con todo el control no es una visión aplicable a estas alturas del partido».
No es verdad, insiste la secretaria Rocío Nahle. En casi toda su historia Petróleos Mexicanos siempre recibió subsidios fiscales, «en otro años incluso mayor».
Hace varios meses Pemex canceló la licitación de rondas de asignación de campos de exploración, una fórmula que contiene la Reforma Energética aprobada en 2013.
Pero Grupos financieros como BBVA Bancomer cuestionan la decisión de restringir la participación de capital privado.
También se pospusieron las asociaciones con empresas privadas, conocidas en inglés como «farmouts».
Con esta decisión, advierten especialistas, la empresa productiva del Estado asume el costo de un resultado negativo en la exploración.
Pero también pierde acceso a nuevas tecnologías que permiten explotar, por ejemplo, yacimientos en aguas profundas o reactivar pozos a punto de agotarse.
¿Se aleja Pemex del capital privado? «No, eso la ley lo permite» responde la secretaria Nahle.
«Cuando Pemex vea la conveniencia y decida hacer las ‘farmouts’ estará en disponibilidad de hacerlo, pero eso lo decide la empresa a su conveniencia».
La secretaria de Energía dice que el plan de negocios contiene proyectos para empresas privadas, como invertir en cadenas para elaborar etileno o transformar el gas metano que surge al extraer petróleo.
