El venezolano Juan Carlos Márquez fue el encargado desde la estatal PDVSA para firmar presuntos contratos ficticios con la sociedad Aequitas Abogados y Consultores y que se hicieran los pagos desde la petrolera a Alejo, hijo del exembajador Raúl Morodo.
Luego de que el juez Santiago Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción iniciaran la operación en contra del chavista, este se comprometió a colaborar con la Justicia para que la investigación avanzara, lo había hecho justo dos días antes de suicidarse, así lo comento Carmen Lucas-Torres para El Español.
Márquez había declarado como investigado el pasado viernes y afirmó que colaboraría lo que hiciera falta para aclarar su papel entre PDVSA y las empresas de los Morodo, según fuentes jurídicas, puesto que su firma aparecía en los contratos entre la estatal venezolana y éstos y también estaba acusado de blanqueo.
El juez lo había citado nuevamente para que acudiera a su despacho el pasado lunes 23 de julio, pero Márquez no acudió.
La Policía le encontró ahorcado en una nave de Alcobendas (Madrid), según adelantó Vozpópuli.com y la autopsia ha confirmado que se suicidó, según el mismo diario.
La acusación internacional contra altos cargos de PDVSA, que ha llevado a algunos de ellos a estar perseguidos por distintos tribunales de Estados Unidos (Texas, Florida o Washington) sitúa a Márquez dentro de la «red de corrupción institucional que expolió los recursos económicos de Venezuela al calor de Hugo Chávez y ahora blanquea dicho expolio con operaciones de inversión, sobre todo inmobiliarias, en países europeos como Francia y España», según trasladan fuentes jurídicas internacionales.
El juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha investigado a distintos ciudadanos venezolanos en nuestro país por presunta «conspiración para el blanqueo de capitales» de fondos provenientes de la corrupción y el fraude cometidos por cargos de PDVSA. Una investigación que, como adelantó este diario, se ha trasladado también a la Audiencia Nacional.
Márquez fue secretario del Consejo de Administración y de la Asamblea de Accionistas de Petróleos de Venezuela cuando Rafael Ramírez, al que se sitúa como el director del desfalco de la mayor empresa estatal venezolana, era el presidente de PDVSA y ministro del Poder Popular del Petróleo y Minería.
