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El presidente de México Andrés Manuel López Obrador está de fiesta porque el Congreso del país aprobó la «Ley de extinción de dominio», pero muchos economistas y empresarios del país están aterrorizados por el ejemplo de los resultados ante ese tipo de políticas en Cuba y Venezuela.
El socialismo mexicano ha escogido seguir un camino peligroso que pone en peligro la libertad económica, según algunos legisladores dicha ley afectaría la presunción de inocencia, abre la puerta a que ciudadanos inocentes pierdan sus propiedades, además de que crea una bolsa de recursos que podrá ser manejada discrecionalmente por el Poder Ejecutivo.
El gobierno del presidente López lo ha vendido como una éxito contra el crimen organizado, pues esta ley permitirá que disponer de un sinfín de bienes que ahora se emplean para fines ilegítimos.
Sin embargo, la ley, en ese sentido, es amplia y contiene «ambigüedades peligrosísimas» según la diputada mexicana Abril Alcalá Padilla, que resumió las consecuencias de la aplicación del texto normativo.
«En realidad pone en riesgo a la ciudadanía, imagínense nada más que ahora el gobierno le puede quitar los bienes a cualquiera sin siquiera esperar a la sentencia definitiva de un juez, y lo que es peor, venderlos. En otras palabras, en lo que averiguan, ya te pueden quitar tu casa, congelar tus cuentas, sin tener que demostrar que esos bienes o recursos fueron adquiridos de manera ilícita o siquiera que eres culpable del delito del que te acusan».
Las expropiaciones fueron herramientas utilizadas por Fidel Castro y luego por Hugo CHávez para acabar con sectores productivos y con opositores que generaban inconvenientes políticos a sus regímenes, generando a su vez severos problemas económicos, en Venezuela, por ejemplo, se expropiaron empresas de todos los sectores: petrolero, eléctrico, telefónico, alimentos, entre otros. Lo que comenzó como utilidad pública y «beneficio del pueblo» llevó al colapso a más de 1.000 empresas expropiadas en 12 años.
El temor que existe en México parece no ser infundado, la experiencia de los países vecinos que han aplicado tales políticas habla por sí sola.
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