Procurador de Guaidó se hace la vista gorda ante la posibilidad inminente de que PDVSA pierda millones

El abogado venezolano Carlos Ramirez López, conocido como Dr. Ley, habla sobre las altas posibilidades de que PDVSA pierda parte de sus activos en manos de ex altos cargos chavistas.

Informo al país que he recibido la sentencia de la Cámara de Recursos Penales de Ginebra, Suiza, sobre nuestra apelación de la negativa del fiscal general de admitirnos la defensa que intentamos en el caso que allá se está tramitando para robar 10.000 millones de dólares a Venezuela, sentencia esta que beneficia directamente tanto a personajes de la dictadura como son el falso procurador Reinaldo Muñoz Pedroza como también a Rafael Ramírez, contra quien allí presentamos acusación penal por la defraudación que ocurrió dentro del tiempo que estuvo presidiendo Pdvsa. Por cierto, primera vez que se intenta una acción judicial contra este personaje a pesar de su gran deuda con la justicia.

Explicación

  1. Entre los años 2004 y 2014 se desarrolló una trama para robar a Pdvsa, entonces bajo la presidencia de Rafael Ramírez, una inmensa cantidad de dinero que fue especificada en 10.000 millones de dólares por el abogado norteamericano que puso el caso en tribunales. El hecho consistía en sustraer subrepticiamente información confidencial sobre precios de la empresa para las subastas de compra y de venta de productos, y para lo cual los acusados habrían intervenido y clonado los cerebros de las computadoras resguardadas en alta confidencialidad donde esa información se manejaba. Esa información era (o es) traficada con personas y empresas del negocio petrolero en distintos lugares del mundo.
  2. El presidente de Pdvsa en julio de 2017, Nelson Martínez, actuando en coordinación con la persona que desempeñaba ilegalmente –y aún lo hace– el cargo de procurador general de Venezuela crearon una firma privada en Nueva York denominada US Pdvsa Litigation Trust, a la que cedieron los derechos para recuperar esos dineros robados pero no para devolverlos a la compañía, sino para repartírselos entre ellos. Por supuesto que aquel contrato no contó con la aprobación de la Asamblea Nacional, lo cual lo hacía nulo y además delictivo.
  3. Con el citado contrato introdujeron una demanda por ante una corte en Miami contra 43 personas de distintas partes del mundo y que habían participado en el robo. Un grupo de ciudadanos venezolanos fuimos alertados de la antes explicada trama y de inmediato nos avocamos al caso, fuimos al tribunal y consignamos un escrito en el que detallamos la maniobra al juez y nos oponíamos a la demanda, la cual finalmente fue rechazada.
  4. Terminado el caso en Miami nos enteramos de que la maniobra para robar aquellos dineros la habían extendido a Ginebra, pero esta vez en un juicio penal. El falso procurador general puso allá una denuncia contra dos de los involucrados en el robo y señaló una cantidad de bienes y cuentas de banco ubicados en Suiza para que fueran incautados. El fiscal decretó medidas y congeló los activos. Después de la lucha que dimos en la Corte de Florida no podíamos permitir que esta segunda parte de la trama triunfara. Entonces fuimos ante el fiscal suizo y le consignamos un escrito en el que expresamos nuestro apoyo a que se hiciera la investigación de los dineros robados a Pdvsa y que se incautaran los dineros y bienes que habían obtenido con ello, pero que no se entregaran a las autoridades de la dictadura, sino que quedaran a disposición del presidente Juan Guaidó. Además, presentamos acusación penal contra quien funge de presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, y también contra Rafael Ramírez debido a que el robo se ejecutó durante 10 años en los que él se mantuvo como presidente de la compañía. Alegamos que era imposible que no se hubiera enterado de ello, si no es que también participaba.
  5. El fiscal se tomó su tiempo y finalmente se negó a admitirnos como partes en el proceso porque lo estábamos haciendo como ciudadanos venezolanos y como tales no teníamos ninguna autoridad para hacerlo. Formalizamos una apelación contra esa determinación y esta fue elevada a la Cámara de Recursos Penales, donde se acaba de confirmar lo decidido por el fiscal impidiéndonos la actuación. El argumento fue el mismo, que nosotros como simples ciudadanos no tenemos derecho de actuar en ese caso.

Denuncio la actitud del procurador nombrado por Guaidó

Desde un principio que iniciamos esa intervención en el caso en Ginebra me puse en contacto con el doctor José Ignacio Hernández, designado por el presidente Guaidó como procurador especial, y le pedí que nos apoyara en el caso, que se hiciera parte invocando ese nombramiento pues le corresponde constitucionalmente la defensa de los bienes patrimoniales de la república. Después de tanto insistirle me dijo que había enviado una carta al fiscal, se abstuvo de darme los detalles a pesar de que se lo pedí insistentemente, le dije la necesidad de utilizar esa carta para reforzar nuestra apelación. En varias oportunidades me dijo que me daría el documento, pero nunca ocurrió, faltó a su palabra, hasta me hizo llamar por una persona que trabaja con él de nombre Nizar el Fakih, a quien repetí todas las explicaciones del caso, pero también fue inútil. No entiendo esa actitud que cuando menos resulta negligente.

El Dr. Jose Ignacio Hernández

Lo anterior no lo digo con satisfacción, por el contrario, me preocupa bastante. En beneficio de su honor –y apartando otras versiones– me voy por la de que él no está entendiendo lo que está pasando en esta conflagración judicial que grandes factores de poder económico tienen montada contra Venezuela en tribunales internacionales para quitarnos lo que nos queda de estos 20 años de esa mafia apoderada del país. Su responsabilidad está comprometida, máxime cuando sobre él pesan acusaciones de mantener conflicto de interés que le impedirían el ejercicio honesto de ese cargo, razón por la cual en este caso ha debido actuar contundentemente en nuestra misma dirección para despejar tales dudas. Pero no lo hizo.

Hay otra persona que quedó también en sospecha en este caso

Me reservo explicar en otro artículo la extraña actitud de otra persona a quien le pedí apoyo debido al cargo que ejerce y me lo negó bajo inadmisible excusa. Lo trataré aparte porque creo que se trata de motivos diferentes a los del procurador Hernández.

Reconocimiento expreso

En esta odisea he tenido como única compañía la de dos nobles venezolanos, la abogada Norma Reno Camero y Federico Alves Migues, quienes han derrochado patriotismo desvelándose, trabajando e incluso invirtiendo su propio dinero en este caso. Les rindo este merecido reconocimiento público.

Aún queda una posibilidad

La sentencia que acaba de dictar la Cámara de Recursos Penales de Ginebra cerrándonos las puertas en el caso es recurrible ante el Tribunal Federal de Suiza. No sé si alguien quiera enmendar errores y apoyarnos para ejercer tal recurso, el tiempo apremia y no queremos perder las esperanzas.

 

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