VENEZUELA

Informe Transparencia Venezuela: Las debilidades administrativas del gobierno interino de Guaidó y las «falsas premisas» de PanAm Post

Transparencia Venezuela presentó el informe “Veeduría de la Denuncia sobre Irregularidades del llamado Caso Cúcuta” para dar detalles de lo ocurrido con la ayuda humanitara y sobre las denuncias en torno al presunto manejo irregular del patrimonio de los venezolanos

Informe Transparencia Venezuela: Las debilidades administrativas del gobierno interino de Guaidó y las "falsas premisas" de PanAm Post
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó

El pasado 14 de junio de 2019 el artículo titulado “Enviados de Guaidó se apropian de fondos para la ayuda humanitaria en Colombia” encendió las alarmas acerca de la utilización indebida de los recursos destinos a atender las necesidades urgentes de millones de venezolanos, los principales señalados por el digital PanAm Post fueron Rossana Barrera Castillo y Kelvin Rojas Peñaloza.

Indirectamente también se exponía a la gestión del presidente interino Juan Guaidó, de su embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti y de Lester Toledo, responsable de la ayuda humanitaria.

La respuesta por parte del gobierno interino fue inmediata, el día 15 de junio Barrera y Rojas fueron separados de sus cargos y el día 18 de ese mes Humberto Calderón Berti interpuso una denuncia en la Fiscalía de Colombia, así lo recogió el Reporte “Veeduría de la Denuncia sobre Irregularidades del llamado Caso Cúcuta”, llevado a cabo por Trasparencia Venezuela (TV), que, con ciertas limitaciones, llevó a cabo una auditoría y emitió una serie de hallazgos que aclararon en gran medida la situación, sacando a luz las imprecisiones del artículo de PanamPost y las carencias que en materia de gestión sufre el gobierno interino del presidente Juan Guaidó.

Hallazgos destacados por Transparencia Venezuela

1. Calderón Berti afirma en la denuncia presentada ante la Fiscalía de Colombia que “los recursos utilizados para la asistencia (a militares y policías) no es dinero que forma parte del patrimonio público” porque no formaba parte del dinero donado por gobiernos extranjeros, órganos multilaterales.

Al respecto, TV cita diferentes leyes venezolanas, como la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, para dejar claro que esos recursos (donados en efectivo por particulares y ONG’s) sí son parte del patrimonio público venezolano, por lo que estaban sujetos a ser administrados bajo principios de transparencia, eficacia y eficiencia expuestos en la constitución y en las leyes venezolanas, generando también responsabilidades.

2. Rossana Barrera Castillo y Kelvin Rojas Peñaloza solo tenían a su cargo la asistencia de los militares y policías que cruzaron la frontera venezolana a Colombia el 23 de febrero de 2019, y no respecto de la ayuda humanitaria, lo que le permitió señalar a TV que el digital PanAm Post “parte de una falsa premisa”.

3. Rossana Barrera Castillo y Kelvin Rojas Peñaloza, designados por Guaidó el 24 de febrero de 2019, afirmaron que atendían a 147 policías y militares, pero que también se tuvieron que encargar de asistir a efectivos venezolanos desde el 9 de marzo de 2019 cuando ACNUR ya dejó de ofrecerles manutención, mientras que el digital PanAm Post señaló que “una evaluación paralela de la inteligencia colombiana concluyó que Barrera y Rojas habían inflado las cifras, que realmente eran 700 efectivos”.

TV señala que en la información presentada por Humberto Calderón Berti no se señala cuántos militares y policías estaban bajo la responsabilidad de los funcionarios designados por el presidente interino Juan Guaidó y demuestra que no estaban rindiendo cuenta ante ningún órgano del gobierno interino, aunque Barrera y Rojas dijeron que le rendían cuantas a Roberto Marrero, jefe del despacho de la presidencia interina, hasta el 21 de marzo de 2019, cuando fue detenido por la dictadura chavista, luego no entregaron cuentas ante ninguna autoridad.

4. Del informe presentado por el contador especial designado por Humberto Calderón Berti, embajador del gobierno interino reconocido por Colombia, se demostraron inconsistencias en los documentos que presentaron Rossana Barrera Castillo y Kelvin Rojas Peñaloza, lo que podría traducirse como inexistencia de control de gastos: facturas duplicadas, transferencias entre cuentas bancarias sin indicar el titular, copias de facturas ininteligibles y facturas de hoteles con indicación de pago, pero que no estaban incluidas en la relación de gastos.

TV pudo constatar que en la denuncia presentada por el equipo de Calderón Berti ante la Fiscalía de Colombia que las «dudas» se centran en el «presunto manejo poco transparente de los fondos gestionados para la asistencia a militares y policías» porque «no está claro cuál es el origen de los fondos que han sido administrados» así como tampoco «cuál ha sido el destino del dinero captado», añadiendo que esos fondos del patrimonio público «pudieron haber sido desviados».

5. TV no pudo determinar cuánto dinero se pagó en hoteles y señaló en el informe que “las discrepancias con respecto al pago de los hoteles y otros gastos deben ser analizados por las autoridades colombianas debido a que son las competentes para determinar si existió irregularidad o sobreprecio”, mientras que PanAm Post señaló en su artículo que “reportaron pagos con sobreprecio en 7 hoteles cuando solo le correspondían 2”.

6. Desde PanAm Post se destacó que Rosana Barrera es cuñada de Sergio Vergara, diputado de Voluntad Popular y «mano derecha del presidente Guaidó», algo que fue verificado por TV que señala en el informe que «las personas que optan por responsabilidades públicas deben presentar de manera formal su declaración de conflictos de intereses» y añade que «las relaciones filiales afectan el desempeño de la función pública. No se puede permitir el conflicto de intereses«.

7. TV destacó las siguientes debilidades en los procedimientos que se llevaron a cabo por el gobierno interino.

  • No se tiene conocimiento de un procesos formal de selección de las personas responsables.
  • No hubo publicación de conflicto de intereses.
  • No existe información pública sobre los ingresos captados (origen y registro).
  • No existe información sobre los proyectos y programas llevados a cabo.
  • No existe información pública sobre el establecimiento de procedimientos o lineamientos para el control de actividades, recursos asignados y registro de gastos.
  • No se publicó informe de rendición de cuentas de los dos meses y medio que estuvieron en el cargo ni registro de los soportes de gastos.

Las dos recomendaciones fundamentales de Transparencia Venezuela al gobierno interino de Juan Guaidó

Transparencia Venezuela transmitió seis recomendaciones al equipo del presidente interino Juan Guaidó, dentro de las cuales se pueden destacar dos sugerencias fundamentales que contribuirían para que los venezolanos puedan apreciar que el cambio político en Venezuela realmente significa un cambio en las formas de administrar el patrimonio público.

1. «Es urgente designar un contralor especial con un equipo que goce de autonomía… para vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes públicos de Venezuela en el exterior».

2. «La Asamblea Nacional debe contar con un cuerpo de auditoría».

Salvedad de Transparencia Venezuela en su informe de Veeduría

Hay que destacar que Transparencia Venezuela hizo la salvedad de que no se hizo rastreo financiero de cuentas bancarias ni entrevistas con empresarios o negocios relacionados con algunas aseveraciones realizadas por PanamPost. Por ello, los hechos ocurridos serán esclarecidos de forma amplia con el resultado de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Colombia.

Transparencia Venezuela también destaca a lo largo del informe que el gobierno interino ha tenido que afrontar una situación crítica, sin precedentes en la historia de Venezuela, como lo es enfrentar a la dictadura que dirige el dictador Nicolás Maduro, aunque eso no puede ser una justificación para administrar el patrimonio con los criterios mínimos establecidos en las leyes venezolanas.

Autor

Jesús Mitchelle Torres

Licenciado en ciencias fiscales (ENAHP – IUT), especialista en auditoría de Estado (Universidad Simón Bolívar) y magíster en gerencia pública (IESA) con siete años de experiencia como auditor de Estado en Venezuela.

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