A raíz de los reclamos que he venido haciendo sobre la irregular actuación del procurador especial José Ignacio Hernández se me ha comunicado que no publicarán más mi columna de la que en esta segunda etapa llevo ya 152 artículos publicados y que están entre los más leídos.
Según el accionista mayoritario del periódico, Miguel Henrique Otero, allí no se pueden hacer señalamientos a personas, pues ello es materia reservada al periodismo de investigación. Esto quiere decir que los columnistas tenemos vedada la denuncia en este diario, solo se puede hacer disertaciones abstractas. ¡Quién lo diría!
LA CENSURA DEL GOBIERNO DE TRANSICION
Por denunciar al Procurador @ignandez por el mal manejo juridico en los casos ocasionando daños patrimoniales a Venezuela le fue aplicada CENSURA en el @ElNacionalWeb a @carlosramirezl3 prohibiéndole la publicación d su Columna de opinión pic.twitter.com/IY0ODgE6Ip— Sol Rojas (@sol651) October 5, 2019
CENSURA BUENA, CENSURA MALA
Obvio que estoy siendo víctima de un acto de censura, que como le repliqué al editor, contradice el legado de un medio que ha sido, y es víctima de ese mismo abuso lo cual viene siendo materia de protestas dentro y fuera del país incluso por la Sociedad Interamericana de Prensa que ha venido denunciando el acoso judicial y económico del régimen dictatorial venezolano que ha llevado al punto de cierre a 30 medios impresos de los cuales 12 han dejado de circular. Esa vendría a ser “la censura mala” por antidemocrática, abusiva, dictatorial contra la cual el señor Otero se pasea por el mundo disertando en foros, conferencias y toda clase de eventos. La otra, la que se aplica a mi columna es la representación de la odiosa figura de la hipocresía, es “la censura buena”, la que ejecuta en su propio periódico y que le permite violar mi libertad de expresión y el derecho de sus lectores de estar informados.
LO QUE MOTIVÓ ESTA CENSURA
Como se sabe, en mi columna trato temas del ámbito jurídico-político, y generalmente allí desarrollo análisis sobre casos concretos de violaciones a derechos humanos, a vicios en la administración de justicia nacional e internacional, entre otros. En esa actividad me he involucrado directamente en varias causas emblemáticas como por ejemplo donde Venezuela está siendo desbancada mediante fraudulentos procesos judiciales como las sentencias que viene dictando el tribunal de arbitraje CIADI y los mil millonarios embargos que se ejecutan contra bienes nacionales. Entre estos fraudes está el caso US Pdvsa Litigation Trust en Miami donde ejercimos fuerte actividad defensiva aún sin contar con representación, sólo como ciudadanos, caso éste que tiene una réplica en Ginebra, lugar donde en igual condición también fuimos a defender el patrimonio nacional, todo a costa de nuestros propios recursos económicos.
EN GINEBRA
Mientras en la Corte de Miami se nos permitió intervenir con la sola invocación de ser venezolanos interesados en defender nuestra patria, en Ginebra no, allá se nos exigió mostrar algo que nos acreditara como apoderados de alguna institución lo cual nunca obtuvimos, pedimos inútilmente al procurador José Ignacio Hernández que se hiciera parte en el juicio, fue imposible y así lo informamos en nuestra columna donde también hice señalamientos específicos de mala práctica jurídica en el caso ConocoPhillis donde este José Ignacio Hernández actuando en consonancia con el procurador de Maduro admitió una deuda producto de un proceso fraudulento por 8.700 millones de dólares contra el país. En vez de demandar la nulidad de la sentencia como se lo aconsejé, lo que hizo fue pedir que nos rebajaran la mísera suma de 200 millones lo cual de inmediato fue aceptado por la demandante pues con ello le quedó admitida esa monstruosa acreencia por 8 mil 500 millones de dólares.
En mi columna critiqué esta infame actuación del procurador José Ignacio Hernández, entonces él envió una carta al director de El Nacional, dijo que eso era una campaña difamatoria en su contra la cual fue publicada a toda página, y sin darme derecho a la defensa ni a nada, se me comunicó que no me publicarían más mis artículos bajo la excusa de que la denuncia corresponde al periodismo de investigación, no a un columnista.
LA CENSURA COMO CRIMEN
La censura ataca principios fundamentales del sistema democrático. En la CRBV tenemos tres instituciones que al conjugarse establecen un muro de protección a los derechos ciudadanos, son el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información y al acceso a la información pública. Para el caso de excesos o abusos en su ejercicio, existen dispositivos que autorizan a su persecución legal. Esto nos lleva a concluir que nadie puede pretender estar ejerciendo un cargo público sin que se le puedan cuestionar sus actos, cualquiera que sea el medio que para ello se utilice, ni tampoco que se use el poder de dirección de un medio de comunicación social para violar el ejercicio de tales derechos.
SOBRE LOS LÍMITES DE LOS COLUMNISTAS
En la prensa venezolana hemos tenido ejemplos de columnas de opinión en las que se ha practicado la denuncia sobre actos de funcionarios públicos, entre otros medios El Nacional ha tenido en su seno ejemplos de ello. En realidad, en ninguna parte existe ese límite para los columnistas de tener vedada tal acción que refiere el señor Miguel Henrique Otero, cosa que solo muestra la gran hipocresía de figurar como defensor de la libertad de expresión, mientras la coarta puertas adentro de su propia empresa.
CONTINUARÉ EJERCIENDO MI DERECHO A LA CRÍTICA
Si bien es cierto que la columna en El Nacional es importante y lamento mucho la arbitrariedad con la que se me ha cerrado, no es la única manera de exponer ideas, críticas, comentarios, denuncias. Hoy en día las personas contamos con mecanismos para la comunicación masiva, de modo que la gente va a enterarse de cuanta irregularidad pueda detectar en el manejo de la cosa pública, ya esas élites políticas que se repartían en la oscuridad los beneficios ilícitos no pueden controlar el silencio, tampoco ciertos empresarios de la comunicación social… en el camino andamos.
