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“La Fiscalía tiene que investigar a este grupo de empresas para que lleguemos a conocer el fondo de la verdad sobre quiénes eran los verdaderos dueños y de dónde habrían sacado los recursos para hacerse del control de las mismas”, declaró a la prensa local el legislador.
Las empresas involucradas son las cadenas de televisión ATB y PAT, el diario La Razón, la agroindustrial Gravetal y la administradora de fondos de jubilación ProVida.
Para Ortiz, el caso «demuestra el abuso del poder que utilizó el anterior gobierno y que se transformaba en beneficios económicos». Sostuvo que en este asunto «hay un problema de corrupción muy serio».
Las investigaciones incluirán auditorías a los movimientos económicos, a los créditos otorgados, a las condiciones de transferencia de las empresas y al origen de los fondos empleados en las diferentes transacciones.
Evo Morales se defendió en Twitter desde la Argentina: «Quienes me acusan de ser dueño de un conglomerado de empresas, que presenten una sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas. Es otra vil mentira, montada por el gobierno de facto de (Jeanine) Añez, (Luis Fernando) Camacho y (Carlos) Mesa, en su plan de persecución y acoso», escribió el ex jefe de Estado en su cuenta de la red social.
El senador oficialista le contestó al exmandatario de forma contundente e inmediata: «Obviamente en estos casos no aparecen los nombres de los propietarios reales, sino de quienes figuran por ellos. Según la fiscalización que he realizado, los ejecutivos de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, reportaban de su gestión al exvicepresidente (Álvaro) García. ¿Usted no sabía?».
En un comunicado, el empresario Marcelo Hurtado, sindicado de manejar el conglomerado, negó el hecho y aseveró que su única relación empresarial es con la cadena ATB «en calidad de uno de los socios y formalmente como Representante Legal Ejecutivo».
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