El etarra Arturo Cubillas está acusado de tres asesinatos en España en la década de los ochenta y reclamado por la Audiencia Nacional por ser el vínculo entre ETA y las FARC
El etarra Arturo Cubillas, acusado de tres asesinatos en España en la década de los ochenta y reclamado por la Audiencia Nacional por ser el vínculo entre ETA y las FARC, continúa con su ascenso imparable en la Administración venezolana de la mano del vicepresidente Elías Jaua, uno de los candidatos mejor colocados para suceder a Hugo Chávez.
Cubillas ha sido ahora acomodado en un nuevo puesto que lleva aparejado un mejor sueldo. Su nuevo destino es la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), una empresa pública creada en el año 2010 y que gestiona la mayoría de las compañías y bienes expropiados por el régimen socialista.
Esta mercantil agrupa a una treintena de sociedades nacionalizadas, entre ellas la española Agroisleña, que ahora se denomina Agropatria. La empresa Agroisleña se fundó en 1955 y pertenecía al empresario canario Enrique Fraga.
Cubillas empezó a trabajar en la Corporación Venezolana de Alimentos el pasado 1 de febrero, con una retribución muy superior incluso a la de su padrino Jaua.
Sólo dos días antes de que el etarra ocupase su nuevo puesto, el vicepresidente asumió todas las responsabilidades del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, del que depende, entre otros organismos y empresas, la CVAL.
Cubillas, cuyo cargo actual oculta la Gaceta Oficial de Venezuela -el equivalente al BOE en ese país- ha recibido en 2012, según consta en su seguro social, 22.301 bolívares fuertes, frente a los 20.876 que ha ganado el vicepresidente de la República Bolivariana.
Como responsable de seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Cubillas se encargó personalmente de llevar a cabo expropiaciones que afectaron a terratenientes y empresas españolas.
Así lo confirma diversa documentación en la que aparece la firma de Cubillas como mediador en conflictos agrícolas y en ocupaciones.
En julio de 2009, el cabecilla de los etarras presentes en Venezuela, según varios testigos, participó en nombre del Gobierno de Chávez y como máximo responsable de seguridad del INTI a nivel nacional en la reunión que puso fin a los tres días de manifestaciones de miles de trabajadores de las empresas Torondoy, Central Venezuela y Ganadera Santa María, opuestos a las más de 100 ocupaciones ilegales en fincas agrícolas.
El etarra empezó a trabajar oficialmente para el INTI en julio de 2008, fecha de su primera cotización, aunque a mediados de 2005 aparece en la Gaceta Oficial de Venezuela su nombramiento como director de la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Tierras.
Hasta la fecha, lleva cotizados 186.732 bolívares fuertes, que corresponden a 191 semanas de trabajo. Su jubilación, gracias a su contrato indefinido, será en diciembre de 2024.
La carrera profesional de José Arturo Cubillas ha sufrido una trasformación meteórica estas dos últimas décadas gracias a Chávez.
Desde que se asentó en Venezuela en el año 1989, ha desempeñado tareas tales como regentar su propio restaurante, el denominado Okers, cuyo nombre tomó del comando al que perteneció, pasando por la pescadería Deusto Mar hasta trabajar como contable en una constructora.
Aunque el punto de inflexión se produjo de la mano de su mujer, Goizeder Odriozola, tras el asentamiento del régimen populista de Chávez.
Su esposa mantiene una intensa relación profesional y de amistad con el actual vicepresidente del Ejecutivo bolivariano Elías Jaua.
A partir de 2005, Cubillas asumió los poderes como coordinador y responsable de seguridad del INTI, órgano responsable de las decenas de miles de expropiaciones sufridas por los españoles afincados en el país caribeño. En la actualidad Odriozola es la jefa de Comunicación de Jaua.
La nueva empresa de Cubillas engloba más de la mitad del sector agroalimentario venezolano, con el estigma de acaparar mercado gracias a las múltiples requisaciones ejecutadas por el INTI.
Amparo chavista
Otros terroristas también trabajan en la Administración bolivariana. Este es el caso de María Asunción Arana que ha sido vicedirectora del INTI y que sigue muy vinculada a Cubillas. Arana pertenece al colectivo de deportados de ETA y de Askapena, aparato de relaciones internacionales de la banda asesina.
Otros cuatro etarras prestan servicio al INTI. Son Eugenio Barrutiabengoa, que está acusado de diez asesinatos en España.
También ejerce responsabilidades en el INTI Luis María Olalde, con un pasado cubierto de sangre, tras haber matado a cuatro personas antes de exiliarse a Venezuela. Martín San Sebastián también trabaja para el Instituto y es responsable de al menos dos asesinatos.
Otro de los etarras residentes en Venezuela es Jesús Ricardo Urteaga, acusado de cuatro crímenes. En este departamento también estuvo José Lorenzo Ayestarán, que cometió tres asesinatos y pudo ser detenido en 2010 tras viajar a Francia para reincorporarse a ETA.
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