Maduro ha enviado dos batallones, carros de combate y cazas para amedrentar al bastión opositor
Incapaz de parar la subida del dolar en el mercado negro y la ola de indignación juvenil en las calles de Venezuela y agotada ya la excusa de que detrás de todo están los ‘perversos imperialistas yankis’, el Gobierno del chavista Nicolás Maduro culpa a los medios de comunicación del sangriento desastre en que está hundiendo a Venezuela.
“Los medios crean desasosiego en la población”, acusaba el viernes, 21 de febrero de 2014, Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo y ex parlamentaria chavista.
“CNN podría estar incurriendo en propaganda de guerra”.
La servil Defensora del Pueblo da asi la ‘razón’ al presidente Maduro, que la noche anterior había ordenado a la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, iniciar el proceso administrativo para sacar del aire la señal de esa cadena internacional.
El alcalde oficialista de Caracas y hermano de la ministra, Jorge Rodríguez, opinó que “CNN está haciendo exactamente lo mismo que hizo la radio hutu que llamaba cucarachas a los tutsis en Ruanda”.
LA CONSPIRACIÓN INTERNA
En una larga rueda de prensa ofrecida este viernes y noche de viernes en el palacio presidencial de Miraflores a medios internacionales, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, admitió que se está investigando si sectores de su gobierno pudieran estar conspirando en el golpe de Estado que, según denuncia con insistencia, está en marcha para derrocarlo.
“Yo lo estoy investigando”, dijo, en referencia a los agentes de la policía política que, contraviniendo sus órdenes, actuaron con armas de fuego para reprimir las protestas estudiantiles el 12 de febrero pasado, y que se han extendido hasta el día de hoy.
“Están presos y dan su versión, pero no convencen”, reveló, aunque luego se apresuró a aclarar que se trataría de excepciones “en la disciplina máxima de ese cuerpo”.
LA REVUELTA DE TACHIRA
«Quieren convertir el Táchira en el Bengasi de Venezuela y no lo vamos a permitir», afirmó Maduro, comparando la región venezolana con el bastión de los rebeldes en Libia que intentó aplastar el exdictador Gadafi.
«Somos víctimas de la agresión de un grupo de la derecha que pretende llevarnos a una guerra civil para justificar la intervención de Estados Unidos y así apoderarse de nuestras riquezas».
Pero Henrique Capriles, máximo líder opositor todavía en libertad le respondió:
«Jamás pondrán de rodillas a los tachirenses».
La revuelta comenzó en estado fronterizo de tachira el pasado 8 de febrero y desde entonces las protestas no cesan contra la crisis económica y la inseguridad.
San Cristóbal, la capital de Táchira, con una población de 250.000 habitantes que vive atrincherada en sus residencias, parece una ciudad en guerra, con depósitos de basura quemada y alambradas de púa en las calles, prácticamente sitiada y con los comercios cerrados. Escasean los alimentos, medicinas y gasolina.
Algunas bodegas y farmacias abren parcialmente a los vecinos solo para las emergencias. El ambiente de desolación impacta a los pocos visitantes que se aventuran por las calles de San Cristóbal.
Maduro también cortó el acceso a internet en su intento de bloquear toda información. Envió dos batallones con 606 soldados para bloquear las vías de acceso a ese estado, un grupo de paracaidistas, tanques y cazas rusos Sujoi para amedrentar.
Pero los tachirenses le respondieron con una estruendosa cacerolada para demostrar que no tienen miedo.
El ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, aseguró que no era militarización ni estado de sitio lo de Táchira, sino un plan especial para «poner orden» en la región fronteriza con Colombia, pues sostiene que los ataques vienen del expresidente, Álvaro Uribe, que quiere tumbar a Maduro.
El alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, rechazó la tesis chavista y afirmó que «Maduro perdió el control de Táchira, se le fue de las manos y por eso trae ahora al Ejército».
A última hora, el presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, anunció que el gobierno suspenderá el suministro de combustible en las zonas «bajo el asedio de fascistas», lo que incluye Táchira y otras regiones.
«Se tiene información de que las bandas fascistas pretenden atacar estaciones de servicio y el transporte de combustible».
LOS MEDIOS INTERNACIONALES
CNN en español —se recibe en Venezuela a través de diversos servicios de televisión por suscripción— ha dedicado buena parte de su programación a informar de las protestas en Venezuela que han sido omitidas o minimizadas por los medios locales, bajo fuerte control gubernamental.
Su presentadora principal, la periodista Patricia Janiot, llegó a Venezuela el martes para informar desde el terreno. Sin embargo, el viernes Janiot abandonó el país tras las acusaciones de Maduro contra CNN y apenas poco después de que el Gobierno anulara la acreditación de la corresponsal permanente en Venezuela, Osmary Hernández.
La semana pasada, el Ejecutivo suspendió, “por una decisión de Estado”, la señal de NTN24, un canal colombiano de noticias que cubrió en vivo el primer día de protestas.
Durante la crisis se registraron 50 casos de ataques contra la prensa, reportó el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. En una rueda de prensa, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas Alejandro Tinedo Guía, exigió al Estado venezolano garantizar las condiciones para el ejercicio de la profesión.
“Respeten y protejan a los periodistas en la calle, ellos son los ojos y las voces del mundo”.
“El Gobierno venezolano ha adoptado abiertamente la táctica clásica de un régimen autoritario”, expresó desde Washington José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.
“Encarcelando a sus oponentes, amordazando a los medios e intimidando a la sociedad civil”.
El Gobierno ejerce además la persecución pura y dura. El martes se entregó a las autoridades el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, a quien el Gobierno señala como principal instigador de los desórdenes.
Recluido en una cárcel militar, enfrenta cargos por asociación para delinquir y destrucción de bienes públicos. De ser encontrado culpable, podría quedar sentenciado a 10 años de prisión. A la vez, el poder judicial emitió órdenes de captura contra otros dirigentes de Voluntad Popular.
En respuesta, la oposición ha convocado para hoy una gran concentración en la capital. Además de la liberación de los presos y el cese de la persecución, la oposición exige el desarme de los grupos de choque chavistas que han participado en el control de las manifestaciones.
Luego de que el presidente Maduro asomara la suspensión del servicio de metro y metrobús a las zonas opositoras del este de Caracas —medida de la que se retractó en 24 horas—, el viernes el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, anunció que estudia otra maniobra de control social: el corte del suministro de gasolina “a las zonas bajo asedio de bandas fascistas”.
