El caso que investigaba el fallecido fiscal Nisman

Imputan a Cristina Fernández de Kirchner por connivencia con el terrorismo iraní

Acusan a la presidenta argentina, entre otros cargos públicos, de encubrir a los sospechosos iraníes que llevaron a cabo el atentado contra la AMIA

Imputan a Cristina Fernández de Kirchner por connivencia con el terrorismo iraní
Cristina Fernández de Kirchner. PD

El fiscal federal Gerardo Pillicita ha imputado a la presidenta entre otros cargos públicos por la denuncia presentada por el fallecido fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman

El fiscal federal Gerardo Pillicita ha imputado este 13 de febrero de 2015 a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, entre otros cargos públicos, por la denuncia presentada por el fallecido fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, por encubrir a los sospechosos iraníes de llevar a cabo este atentado.

Como explica Francisco Peregil en ‘El País’, Pollicita no ha pedido -de momento- que se interrogue a Cristina Fernández, tal como solicitó Nisman en su denuncia.

Pero ha imputado a la presidenta, al ministro de Exteriores, Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque y al dirigente Luis D’Elía, entre otros, por la «decisión deliberada de encubrir» a los imputados iraníes en el atentado terrorista que en 1994 acabó con la vida de 85 personas en Buenos Aires.

La noticia, adelantada en su edición de este viernes por el diario Clarín, implica que Pollicita solicitará que se practiquen varias medidas de prueba para que se investigue las acusaciones que plasmó Nisman contra la presidenta y otros miembros del oficialismo.

Finalmente será el juez Daniel Rafecas, quien se encuentra de vacaciones, el que decida si le da curso a las medidas solicitadas por Pollicita.

Desde el Gobierno, el secretario de Presidencia, Aníbal Fernández, intentó restar importancia a la medida.

«No tiene ningún valor jurídico ser imputado. Acá pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado. No tiene nada que ver, no tiene ninguna importancia», señaló. Fernández reconoció que la imputación tiene un gran impacto en la opinión pública.

«El strepitus fori que se genera sí tiene mucha importancia y eso es lo que cuestiono del fiscal, porque es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática».

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, habló de «golpismo judicial activo», y señaló que el fiscal solo intenta generar «impacto político» y «estrépito social».

En la Casa Rosada y en los medios afines al Gobierno se vienen usando estos días las palabras «golpismo» y «golpe suave». Hacen referencia al supuesto intento de un sector de la Justicia, en connivencia con la oposición y con los «medios hegemónicos», es decir Clarín y La Nación, de «desestabilizar» a un Gobierno al que solo restan diez meses de mandato.

A los seis fiscales que convocaron una marcha silenciosa de homenaje a Nisman para el próximo miércoles 18 de febrero, cuando se cumple un mes de su muerte, se les ha tildado de golpistas desde la televisión pública.

Raúl Plée, uno de los fiscales que convocó la marcha del próximo miércoles, salió en defensa de su colega Gerardo Pollicita frente a las críticas del Gobierno. «No me parece que sea bueno o razonable que, por la actividad de un juez o un fiscal, se esté diciendo que existe golpismo.

Se repite un poco la historia que advirtió Alberto Nisman», señaló en declaraciones a Radio Mitre, perteneciente al grupo Clarín.

Los altos cargos que salieron a criticar a Pollicita basan sus argumentos en que la denuncia de Nisman no contiene, en su opinión, ninguna prueba que avale su acusación de encubrimiento de terroristas.

En ese sentido, el Gobierno presentó el jueves un escrito de 68 páginas y «carácter institucional», en el juzgado del juez Daniel Rafecas, encargado de instruir la denuncia, para defender la «falta de culpabilidad» de Cristina Fernández.

El documento, a cargo de los abogados de la Procuración del Tesoro Nacional, señala que Nisman no presentó prueba alguna, ni siquiera como indicio, para acreditar que Fernández o cualquier otro miembro del Gobierno intentaron levantar las órdenes de búsqueda y captura de varios ciudadanos iraníes.

El escrito indica que la denuncia, «no aporta ninguna prueba objetiva, ni siquiera indiciaria de la existencia del hipotético acuerdo secreto», entre el Gobierno argentino y el iraní.

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