Son los estertores del régimen, pero antes de irse y comenzar a pagar por sus crímenes y robos, se llevarán a mucha gente por delante.
La dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela está aprovechando la oportunidad del supuesto atentado contra el tirano, durante un desfile el pasado 4 de agosto en Caracas, para ajustar cuentas con opositores e incluso con miembros de su propia ‘nomenklatura’. Este lunes, fue detenido un general del Ejército, Alejando Pérez Gámez, según ha anunciado la oficina de Tarek William Saab, quien ocupa la Fiscalía tras el exilio de Luisa Ortega Díaz, legítima fiscal general.
Aumentan así las sospechas de que, si hubo verdaderamente atentado con drones explosivos, el complot nació de dentro del régimen. Y aumentan así las fisuras en la Fuerza Armada, considerada el principal sostén del mandatario.
El general de división de la Guardia Nacional Bolivariana Alejandro Pérez Gámez fue presentado la noche del lunes ante un juez por su presunta participación en los hechos, ha anunciado este martes Saab a la prensa.
Junto con el general fueron llevados a los tribunales el coronel Pedro Javier Zambrano Hernández y el diputado Juan Requesens, arrestado sin orden judicial por el Sebin —la policía política del chavismo— hace una semana en su casa y señalado como “cómplice”.
Requesens, drogado y humillado, confesó en un vídeo emitido por el régimen, haber participado en el complot junto a otro diputado, el líder opositor Julio Borges. La ‘confesión’ llegó después de que se filtrara un vídeo en el que se le veía demacrado física y moralmente, en ropa interior y lleno de manchas de excrementos dentro de las instalaciones del Helicoide, un inmueble que utiliza el régimen para abandonar a sus presos políticos y hacerlos confesar “bajo técnicas de tortura”, según la oposición.
Pérez Gámez se venía desempeñando como “director de los servicios para el mantenimiento del orden interno” de la Guardia Nacional, según la página web de la institución.
Hasta ahora suman 14 detenidos, de un total de 34 supuestos implicados en la detonación de dos drones cargados con explosivos, el pasado 4 de agosto durante una parada por el aniversario de la Guardia Nacional en Caracas.
Todos los capturados ya fueron imputados ante un tribunal por magnicidio en grado de frustración, rebelión y traición a la patria, entre otros cargos, mientras se pidió a Interpol el arresto y extradición de otros exiliados en Colombia y Estados Unidos.
Saab indicó además que su oficina ha pedido la prohibición de “enajenar y gravar” bienes y el bloqueo de las cuentas bancarias de Requesens y el también parlamentario opositor Julio Borges, exiliado en Colombia.
Y no descartó más capturas. “Hemos obtenido el detalle de los detenidos […] que se han acogido al beneficio procesal de la delación y están expresando detalles exactos”, dijo.
Además del general Pérez Gámez y del coronel Zambrano, está detenido el ex sargento de la Guardia Nacional Juan Monasterios.
Zambrano y Monasterios están señalados además por el asalto al fuerte militar de Paramacay, el 6 de agosto de 2017, cuando un grupo comandado por el capitán Juan Caguaripano sometió a los custodios y robó armas.
Dos de los asaltantes murieron y siete fueron apresados durante ese ataque, cuya autoría reclamó el expolicía Óscar Pérez, asesinado por las fuerzas del régimen en enero pasado. Posteriormente fue aprehendido Caguaripano.
Óscar Pérez se dio a conocer en junio de 2017, tras lanzar desde un helicóptero dos granadas sobre la sede del máximo tribunal y disparar contra el ministerio de Interior en Caracas.
“Cacería de brujas”
La explosión de los drones fue reivindicada por el Movimiento Nacional Soldados de Franelas, un supuesto grupo rebelde hasta ahora desconocido, que asegura estar integrado por civiles y militares.
El arresto del general Pérez Gámez y del coronel Zambrano se suma al de varios militares en los últimos meses por supuestamente conspirar contra Maduro. “Hay una cacería de brujas contra los generales y almirantes” como parte de una “purga desatada desde el ascenso de Maduro al poder”, dijo a la AFP la experta en temas militares Rocío San Miguel.
“Tengo la impresión de que hay un alto grado de inestabilidad interna”, añadió, descartando sin embargo una “implosión” en la Fuerza Armada.
El 24 pasado de mayo, cuatro días después de su fraudulenta reelección, el dictador anunció la captura de un grupo de militares acusados de complotarse contra esos comicios azuzados por la oposición y los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.
Hasta julio pasado, unos 150 miembros de la Fuerza Armada estaban en prisión “por razones políticas”, según la ONG Justicia Venezolana. San Miguel calcula que son 200.
Tras el incidente con los drones, uno de los cuales presuntamente explotó frente a la tribuna donde Maduro daba un discurso, el alto mando militar reiteró su “lealtad incondicional” al presidente, confrontado a un enorme rechazo popular por la crisis socioeconómica.
Con gran poder político y económico, la Fuerza Armada es considerada por analistas el principal soporte de Maduro, pero el arresto de uniformados ha puesto en cuestión lo que el chavismo reivindica como una férrea “unión cívico-militar”.
El gobernante asegura que el intento de magnicidio buscaba atajar su enésimo programa de recuperación económica, que entrará en vigor el próximo lunes. Hasta ahora, ninguno ha dado frutos. Antes al contrario, la crisis económica y humanitaria de Venezuela ya ha causado la huida de al menos un millón de ciudadanos a los países limítrofes, provocando una enorme crisis a nivel regional.
La crisis del país petrolero se refleja en la escasez de todo tipo de bienes básicos, el desplome de la producción de petróleo —que aporta 96% de los ingresos— cuatro años de recesión y una inflación que el FMI proyecta en 1.000.0000% para 2018.
Aun así, Maduro logró que el fraudulento paso por las urnas del pasado mayo lo diera por reelegido hasta 2025 en unos comicios boicoteados por la oposición y desconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos.
