La empresa estatal brasileña de petróleo (Petrobras), ha anunciado este jueves 27 de septiembre de 2018, que ha alcanzado un acuerdo mediante el cual pagará 853,2 millones de dólares para que las autoridades estadounidenses cierren todas las investigaciones de los casos de corrupción.
Los acuerdos los ha firmado con el Departamento de Justicia de EE.UU. y la Comisión de Bolsa y Valores, según informa Reuters, mientras que el pago lo asignará de sus resultados del tercer trimestre.
El pago de la multa se realizará erogando 682,6 millones de dólares a un fondo brasileño, mientras que los 170,6 millones remanentes, los dividirá en partes iguales entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores.
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Petrobras también deberá rendir cuentas de la ley durante los siguientes tres años, además de admitir que utilizó un esquema que quebranta la ley que exige a las empresas estatales administrar sus cuentas con un control riguroso y bajo principios de transparencia.
Por su parte, los fiscales de Estados Unidos han aseverado que Petrobras es una víctima de la conducta los ejecutivos y gerentes, que se aprovecharon y malversaron los fondos de la compañía estatal.
El jefe de la división criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Brian Benczkowski, citado por The Wall Street Journal, dijo:
Los ejecutivos de los niveles más altos de Petrobras -incluidos miembros del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva- facilitaron el pago de cientos de millones de dólares en sobornos a políticos y partidos políticos brasileños y luego manipularon los registros para ocultarles a los inversionistas y reguladores los pagos de sobornos
El acuerdo sigue el ejemplo de la constructora brasileña Odebrecht, que en 2016 acordó pagar miles de millones de dólares para resolver las acusaciones que enfrenta en EE.UU., Brasil y Suiza.
Ningún partido político ha estado apartado de la mayor trama de corrupción conocida en la historia de Brasil, que comenzó con la conocida operación «Lava Jato» puesta al descubierto en 2014, durante el mandato de Dilma Rousseff, por la atribución de contratos públicos del grupo estatal Petrobras.