La catástrofe en la que el chavismo ha sumido a los venezolanos, privados de libertad y víctimas de una hambruna inédita en tiempos de paz y en un país con la riqueza natural de Venezuela, puede calificarse de muchas maneras, pero nunca de «crisis política», como hizo Pedro Sánchez en su gira veraniega por Iberoamérica (Zapatero respalda los asesinatos de la dictadura chavista y rechaza una investigación “independiente” sobre la muerte de Fernando Albán).
No cabe la equidistancia entre las víctimas de la represión y la miseria y quienes dictan sentencia contra ellas, entre un régimen totalitario que asesina y encubre sus crímenes y quienes abandonan sus casas y huyen a los países vecinos para escapar de la escasez y la tiranía (Zapatero debe rendir cuentas: ¿Cobra dinero de la dictadura venezolana?).
Este 15 de octubre de 2018, sin embargo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea hicieron suya una iniciativa que, a petición de España, propone la apertura de un difuso proceso mediador en Venezuela, «una facilitación del diálogo para ver si es posible encontrar una solución», en palabras de Josep Borrell.
Adiestrados en la Venezuela de Hugo Chávez, los socios de cabecera del Gobierno de Sánchez obligan a España a traicionar su compromiso con los demócratas y a dar oxígeno a un régimen cuyo verdadero sitio está en la Corte Penal Internacional, y no una mesa de diálogo que en los últimos años se ha demostrado inviable y de la que Nicolás Maduro saca oportuno provecho, adecentado ante la comunidad internacional y respaldado por unas instituciones comunitarias cuyos gestos diplomáticos solo pueden contribuir a legitimar y prolongar su tiranía.
Debería ser precisamente España, por sus históricas relaciones fraternas con el pueblo Venezuela y su papel como puente entre Iberoamérica y la UE, la primera en alzar la voz contra la dictadura chavista y en trazar la línea roja que impide negociar con una banda de criminales.
Es Podemos, sin embargo, quien marca las líneas. Venezuela es cosa suya.
