Máxima tensión en Venezuela. Los ministros de Exteriores de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) se reunirán en Nueva York para invocar el pacto de defensa por la crisis en Venezuela, anunció el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos.
Con 12 votos a favor, 5 abstenciones y 1 voto ausente, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó el pasado 11 de septiembre la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), para aplicarlo a Venezuela.
Colombia ha sido clave en visibilizar la crisis en Venezuela, tomar acciones diplomáticas y ejercer presión para encontrar una solución. Carlos Holmes Trujillo García, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, aprovechó su participación en el Fórum Europa para adelantar que «nosotros vamos a solicitar que se tomen las medidas diplomáticas y políticas más fuertes contra el régimen de Nicolás Maduro».
Unas declaraciones recogidas por Periodista Digital América (PD América) y que van en línea con las realizadas por Santos: el tema de la reunión es «la decisión de invocar y a partir de ahí poder tomar decisiones respectivas frente a sanciones«. Dijo, no obstante, que de «ninguna manera quiere decir que se aprueba el uso de acciones militares».
El anuncio llega después que la semana pasada los cancilleres fueron convocados tras una votación en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que 12 de los 19 países que componen el pacto votaron a favor de activar el Órgano de Consultas del grupo. Según el tratado, en el Órgano de Consulta las decisiones necesitan dos tercios de los votos de los estados participantes para ser adoptadas.
El embajador colombiano adelantó que en su discurso a la 74 Asamblea de la ONU, el presidente de Colombia, Iván Duque, va a presentar «evidencias sobre el respaldo activo de Venezuela a los grupos terroristas colombianos en su territorio». Duque va además a pedir «la activación de la resolución 1373», que insta a los Estados a prevenir y reprimir la financiación de actos «terroristas» y abstenerse de apoyar a entidades que participen en esas acciones.
Colombia ha acusado al gobierno en disputa de Nicolás Maduro de dar apoyo al grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que anunció su regreso a las armas.
