La Unión Europea aprobó sanciones, pero a cuenta gotas. A 25 personas ha aumentado la lista de venezolanos sancionados por la Unión Europea, tras la incorporación ayer de siete agentes más de los cuerpos de seguridad e inteligencia del régimen de Venezuela. Cinco de ellos están implicados en el asesinato a golpes y torturas del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, detenido en junio por Nicolás Maduro por presúntamente estar planificando un golpe de Estado junto a otros militares retirados.
Para un total de siete señalados, los nuevos sancionados corresponden a personas que están «relacionadas» de alguna forma con torturas y violaciones graves de los derechos humanos, según Bruselas. El paquete de medidas se ha hecho efectivo tras el pedido del Gobierno español de actuar contra los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad en el país.
La UE confirmó así el acuerdo político al que llegó el pasado miércoles por iniciativa de Josep Borrell, para ampliar la lista de sancionados. De la terrorífica dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se encuentran Rafael Ramón Blanco, Rafael Franco Quintero, Alexander Enrique Gramko y Hannover Esteban Guerrero; y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Néstor Blanco, Alexis Enrique Escalona y Carlos Calderón.
En julio, ABC había adelantado en exclusiva los nombres de los nueves torturadores implicados en el asesinato del capitán Acosta bajo custodia del Gobierno, cinco de ellos están ahora señalados por la UE a los que se les impide viajar y se les congelan sus bienes en suelo europeo.
Presión de EE.UU.
La alta representante comunitaria para la Política Exterior, Federica Mogherini, recordó que este tipo de sanciones son selectivas y «no afectan a la población y pueden revertirse si hay progresos hacia la restauración de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela».
La Administración de Donald Trump, que ya sancionó al régimen de Maduro y sus colaboradores, lleva meses presionando al bloque comunitario para elevar la presión para la salida de Maduro con mayores sanciones económicas a su Gobierno.
Los Veintiocho prohibieron el año pasado la entrada a territorio comunitario y confiscaron los activos de otras 18 personas, entre ellas altos cargos políticos y militares como la vicepresidenta, Delcy Rodríguez; el ministro de industria, Tareck el Aissami; el fiscal general, Tarek William Saab, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.
Anteriormente, en 2017, la UE impuso un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la represión interna. Estas sanciones fueron prorrogadas hasta el próximo 14 de noviembre.
Julio Borges, el ministro de exteriores del Gobierno de Juan Guaidó, ofreció ayer un balance de su participación en las Naciones Unidas y se refirió a las sanciones impuestas por la UE: «Demuestran que la presión internacional va a continuar hasta que tengamos libertad en Venezuela». Asímismo destacó que mientras el gobierno interino ha logrado grandes avances en la ONU, «a Maduro no le quedó de otra que ir a esconderse a Rusia, Diosdado Cabello se fue a Corea del Norte, y Delcy Rodríguez y Jorge Arreaza viajaron a la ONU, donde nadie los recibió».
Apoyo de la región
La presión internacional para sacar a Nicolás Maduro del poder continúan haciendo mella en Venezuela. Esta nueva ronda de sanciones de la UE se unen a las del pasado encuentro en Nueva York de los cancilleres de los países que forman parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), quienes acordaron imponer mayores sanciones contra la nación sudamericana. La resolución aprobada por 16 de los 19 Estados firmantes acuerda imponer nuevas sancione contra miembros del Gobierno de Maduro.
