El juez federal Christopher Cooper no tuvo miramientos para dar un plazo de 30 días al Departamento de Estado para que publique todos los registros relacionados con el escándalo ucraniano. Esto incluye las comunicaciones entre el secretario de Estado Mike Pompeo y el abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani.
Como respuesta a la moción de emergencia del grupo de vigilancia American Oversight, el juez ordenó a los abogados y al propio Departamento de Estado que aunaran sus esfuerzos para organizar los documentos y, en 30 días, enviar los que puedan se de utilidad para la solicitud.
Cooper no consideró dejar fuera de esta petición a terceros implicados si esto supone impedir la publicación de correspondencia relacionada con Ucrania entre Giuliani y altos cargos del Departamento de Estado, según la cadena CNN.
“El juez se centró en las comunicaciones con Rudy Giuliani por estar más sujetas a ser difundidas. ¿Por qué? Porque no trabaja para el gobierno”, dijo a la prensa el director ejecutivo de American Oversight, Austin Evers.
El grupo que lidera Evers presentó una demanda este mismo mes pidiendo que se abriera una orden judicial preliminar que obligara al Departamento de Estado a empezar a procesar y hacer pública la correspondencia de altos cargos con Giuliani, así como otras conversaciones relacionadas con las presiones del gobierno de Trump a Ucrania.