La jueza «chavista» acusada de «retener» a su doméstica en Madrid demanda al camarero que desveló el escándalo

La jueza "chavista" acusada de "retener" a su doméstica en Madrid demanda al camarero que desveló el escándalo
Alberto Casillas y Glorimar Soto PD

Belkis Abreu, como miles de venezolanos, tenía un gran anhelo: Encontrar una oportunidad laboral en el extranjero que le permitiese ayudar financieramente a sus familiares. Un sueño que se convirtió rápidamente en una pesadilla. La inmigrante venezolana afirmó a Periodista Digital América (PD América) que Glorimar Soto, la jueza que trabajó en el Tribunal Tercero de Primera instancia Civil y Mercantil en Zulia (Venezuela) la mantuvo durante un mes y medio «secuestrada» en su vivienda en la calle Pinar, dentro del conjunto de urbanizaciones Somosaguas, situado en el municipio de Pozuelo de Alarcón (Comunidad de Madrid). Un escándalo que salió a la luz por la denuncia en las redes sociales de Alberto Casillas, el ‘camarero del 15M’ o el ‘camarero que se enfrentó a Pablo Iglesias’.

A pesar que el caso salió a la luz en mayo de 2019, la jueza «chavista» Glorimar Soto tomó ahora medidas legales contra Alberto Casillas, a quien acusa de injurias y calumnias como ha informado a este diario el camarero. En un vídeo difundido en las redes sociales, Casillas advierte que «esta jueza chavista tenía retenida a Belkis, a quien pagaba 40 euros mensuales por trabajar de lunes a domingo más de 15 horas diarias», por lo que muestra su indignación por «el atrevimiento de demandarme, así como también hizo el primo de Diosdado Cabello«.

Soto y Casillas se tendrán que ver las caras en el acto de conciliación interpuesto por la justicia española. Una reunión en la que, de no existir un acuerdo entre ambas partes, se acudiría al juicio para determinar cuál de las partes cuenta con la razón.

La historia del «secuestro»

Belkis Abreu y la jueza «amiga muy cercana del gobernador chavista del Zulia, Omar Prieto» se conocieron por casualidad en una pastelería. La primera era una de las empleadas, mientras que Soto era una cliente habitual. Ambas llegaron a trabajar espontáneamente juntas en Venezuela en el instante que la jueza decidió abrir su propia pastelería. Una relación laboral que, a pesar de que no fue muy larga, fue suficiente para que Soto considerase traerse a Abreu a España para trabajar de interna en su casa.

El acuerdo se consolidó en enero de 2019. Sin embargo, todo empezó con el pie izquierdo. La joven tuvo que entregar el pasaporte venezolano a la hermana de la jueza, con quien iba a realizar el viaje desde Venezuela hasta Madrid. «A lo largo de los controles de seguridad, ella me dejaba mostrar el pasaporte y luego lo volvía a guardar dentro de su bolso. Yo no lo entendí, pero tampoco pensé que se trataba de algo en mi contra», asegura a Periodista Digital América la venezolana que fue «secuestrada».

Una vez en la vivienda en Madrid, la jueza le hospedó en una habitación junto al garaje y le dijo que «sólo ganaría unos 40 euros. Me dijo que no me faltaría de nada, así que mandaría ese dinero a mi familia en Venezuela». En otras palabras, trabajaría sin recibir directamente un salario. «En mi casa recibieron unos 300.000 bolívares [unos 46 euros en el mercado negro debido al cambio monetario que existe en el país latinoamericano], mientras que a mí sólo me dieron un teléfono sin acceso a internet y sin saldo, con el único objetivo de que pudiera recibir llamadas», afirma Abreu.

A pesar de que la remuneración era mísera, la carga laboral era alta. «Tenía que atender a 9 personas, incluido su esposo, los hijos de su primer matrimonio y hasta a una amiga de ella que vive ahí», apunta. A lo que se suma que «todas las semanas hacían reuniones y eventos en la vivienda, por lo que tenía que cocinar para todos ellos, terminaba acostándome sobre la una de la mañana y despertándome a las 6 de la mañana para atender a los niños», matiza.

La versión de la jueza

La jueza contó a Periodista Digital América que «no fue nunca un secuestro ni una retención. No entendemos lo que está pasando». Sin embargo, las versiones de ambas coinciden en cómo se conocieron, así como que trabajaron juntas en una pastelería fundada por la jueza y que fue Abreu quien solicitó a Soto que la trajera hasta España. Las coincidencias se mantienen incluso con la retención del pasaporte por parte de la hermana de la jueza. «Era la primera vez que ella salía del país y estaba muy nerviosa, así que mi hermana se encargó de cuidar de su pasaporte y ayudarle a responder las preguntas de inmigración«, reconoce Soto.

En este sentido, también afirma que «al llegar a Madrid, me lo dio a mi para que también lo cuidase, pero estaba en una mesita de noche junto con los del resto de mi familia. Lo tenía a mano, pero nunca me lo pidió». Sin embargo, las versiones comienzan a cambiar cuando se habla de las condiciones bajo las que Abreu estaría en la casa de la jueza.

Mientras que la jueza asegura que «se le indicó que sólo le podríamos dar techo y alimentos hasta que yo comenzase a producir para empezar a ayudarla con algo de dinero a ella y a su familia», Abreu asegura que no se hablaron de las condiciones laborales hasta llegar a Madrid.

Miedo a las represalias del chavismo

Abreu reconoce que tiene miedo. La venezolana «secuestrada» teme que la situación lleve a sus familiares a estar en peligro, alegando que la jueza cuenta con una cercana relación con importantes figuras del chavismo. En concreto, se ha apuntado su vinculación con Calixto Ortega, magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela; Francisco Javier Arias Cárdenas, embajador de Maduro en México, y Omar Prieto, gobernador de Zulia (Venezuela).

Glorimar Soto ha reconocido a Periodista Digital América que «debido a mi cargo, tuve que conocer a personas tanto del chavismo como de la oposición. Sin embargo, no he militado en ningún partido, no hay fotos mías en actos políticos y mucho menos hay pruebas de que soy la testaferro de Calixto Ortega como ha buscado asegurar Alberto Casillas». En este sentido, afirma que «los conozco a todos pero eso no implica nada, también conozco a muchas personas de la oposición que no sacaré a relucir por respeto a ellos». Lo que sí ha matizado, es que «la relación con Omar Prieto, por ejemplo, está vinculada con su amistad con mi exesposo, por lo que después del divorcio no hemos casi hablado».

 

 

Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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