Los políticos de América Latina y Europa están preocupados por las «brisas bolivarianas» que están revolucionando toda la región. Un manifiesto realizado desde Bruselas afirma que «el fraude perpetrado por Evo Morales en las pasadas elecciones presidenciales es un delito que debe ser condenado por los demócratas del mundo entero, porque desconoce la voluntad soberana del pueblo y porque constituye una clara violación a la Constitución de Bolivia y al Derecho Internacional. Se trata de un fraude agravado, porque Evo Morales se postuló violando la limitación a la reelección presidencial, aprobada por votación popular el 2009 y ratificada el 21 de febrero de 2016, cuando el pueblo le negó una reelección adicional».
En este sentido, destacan que «este fraude se enmarca dentro de una ofensiva regional del régimen venezolano, el Foro de São Paulo y sus aliados transcontinentales, para tomar el control de toda América Latina, en algunos casos mediante acciones vandálicas, como en Ecuador y Chile, y en otros casos tergiversando los resultados electorales, como ocurrió ahora en Bolivia. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello no solo se enorgullecen públicamente de impulsar las protestas violentas en la región y de avalar el fraude de Evo Morales, sino que se atreven a amenazar públicamente a otras naciones, entre ellas, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras y Haití».
Es por estas establecen necesario tres puntos clave:
– Primero, al Tribunal Supremo Electoral, a las Fuerzas Armadas y a todas las instituciones de Bolivia a hacer respetar la voluntad del pueblo boliviano y a garantizar la vigencia de la Constitución. También exigimos que se realice un nuevo proceso electoral, como han demandado los ciudadanos bolivianos y la comunidad internacional.
– Segundo, a los gobiernos de América Latina afectados por la desestabilización provocada desde el Foro de São Paulo, para que sostengan a la brevedad posible una Cumbre Presidencial de Seguridad Hemisférica, con el objetivo de tomar medidas que contrarresten la subversión regional.
– Tercero, a los países miembros de la OEA, para que:
a) Apoyen al Gobierno de Colombia en su solicitud de activar la Resolución 1377 del Consejo de Seguridad de la ONU;
b) Activen el artículo 3, numeral 1, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR);
c) Hagan uso de los recursos señalados por la Doctrina Roldós; y
d) Tomen acciones penales establecidas en la Convención de Palermo contra el crimen organizado.
