Tensión dentro del régimen Nicolás Maduro. El narcochavista Hugo ‘el pollo’ Carvajal será deportado hacia Estados Unidos, según la autorización de la Audiencia Nacional de España, lo que supone un duro golpe contra la dictadura venezolana, ya que podrían aflorar nuevos datos sobre su vinculación con el narcotráfico. Sin embargo, también supone un duro golpe para quien fue el jefe de inteligencia del régimen bolivariano, ya que se enfrente a cargos que podrán suponer la cadena perpetua en Norteamérica.
A Hugo ‘el pollo’ Carvajal sólo le quedan dos ‘cartas’ legales que pueda jugar para evitar la deportación, pero ninguna muestra muchas posibilidades de éxito. Por un lado, presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, lo que generaría la paralización de la entrega como medida cautelar. Sin embargo, abogados afirman a este diario que sólo sería un ‘paño caliente’ que no evitaría su envío.
La segunda opción, es que el gobierno de Pedro Sánchez intervenga para salvarlo. En este caso, tendría que hacer uso de sus facultades para bloquear la extradición aceptada por los tribunales. Una opción que, en el marco de las elecciones generales y el polémico viaje de los Reyes a Cuba, no parece muy viable. En este sentido, parece una cuestión de tiempo antes de que Carvajal tenga que comparecer ante un juez en Estados Unidos para defenderse de los cuatro delitos por los que ha sido acusado [conspiración para narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en EEUU, posesión de ametralladoras y explosivos para impulsar la actividad de narcotráfico, y conspiración para dotar de armas a otros miembros del narcotráfico] y que podrán traducirse en una cadena perpetua.
La familia de Carvajal indica que apostará por la segunda vía, según declaraciones del periodista David Placer. «El gobierno en funciones no puede aceptar la extradición adoptada por la Audiencia, esa debe ser la opinión de la defensa, pues la ley establece taxativamente que es lo que no puede hacer el gobierno en funciones, y no contempla que no pueda adoptar una medida de esta naturaleza, pie puede entenderse que forma parte del ‘despacho ordinario de los asuntos públicos’ a qué hace referencia el artículo 21.3 de la ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
